Preso y con perpetua, Fran Riquelme seguía manejando su banda narco: el rol inesperado de su abogado

La condena a prisión perpetua no frenó el negocio. A solo tres meses de recibir la pena máxima por liderar una banda narco que sembró violencia en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, Francisco "Fran" Riquelme fue imputado junto a otras diecisiete personas por continuar dirigiendo desde la cárcel la venta de drogas al menudeo en esa misma zona. La imputación la llevaron adelante los fiscales Mercedes Banchio, Marisol Fabbro, Marina Vigo y Diego Giro a lo largo de cuatro jornadas de audiencia en el Centro de Justicia Penal.

Entre los acusados hay un nombre que llamó la atención de los investigadores: el de su propio abogado, Martín Fabio Castillo, señalado como una pieza central para que el jefe narco pudiera seguir dando órdenes desde el encierro.

El abogado, acusado de ser el mensajero

Castillo, defensor de Riquelme, fue detenido el 31 de agosto en el barrio porteño de Palermo, en Scalabrini Ortiz al 2400. Le secuestraron dos teléfonos celulares. Según la acusación, el letrado visitaba a su cliente en la cárcel federal de Marcos Paz —donde está alojado con restricciones a sus comunicaciones— y aprovechaba esos encuentros para "excediendo y abusando de su labor profesional" facilitar el contacto de Riquelme con el exterior. Para los fiscales, permitía el envío de mensajes y triangulaba llamadas telefónicas para coordinar las actividades de la banda.

De padre a hijo: la línea de mando

La nueva estructura, surgida tras el arresto de Fran, funcionaba con puntos de venta fijos. En la cúpula, su hijo Ezequiel Riquelme, de 19 años, fue ubicado como organizador de la asociación ilícita. Lo señalan como el "canal directo" para transmitir las directivas de su padre y como quien administraba la recaudación y ordenaba los pagos. Fue detenido el 7 de agosto en el barrio privado Condominios del Alto, en Ingeniero Thedy al 100 bis, frente al shopping Alto Rosario. Padre e hijo sumaron el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de más de tres personas.

Los fiscales sostienen que el objetivo del grupo era el control territorial y la consolidación de poder para la venta de drogas a baja escala. "La banda se constituyó por un grupo de personas que actuaban en un acuerdo de voluntades estable, con un grado relevante de cohesión y organización interna", plantearon.

Un crimen gestado en el búnker

Seis personas fueron acusadas como miembros de la banda y partícipes primarios. Entre ellas hay tres señalados por el asesinato de Agustín Gabriel Rosales, de 28 años, ocurrido el 20 de marzo del año pasado en barrio Industrial. La víctima llegó en moto hasta la casa de Nicolás Gabriel Gramonte, en French y San Jerónimo, y preguntó por él. Al saber que lo buscaba, el encargado del búnker ordenó a otros tres hombres que lo mataran. Rosales fue perseguido a tiros en un auto y murió en el Heca con varias heridas de bala.

Gramonte, uno de los "asistentes principales" de la banda y ligado a la gestión de puntos de venta en Felipe Moré y French y en French y San Jerónimo, fue detenido en abril de 2025 con balas, cocaína y dinero en su casa, acusado de instigar el homicidio. Juan Cruz García, apresado en diciembre pasado, habría reemplazado a Gramonte tras su arresto y es sindicado como uno de los autores materiales del crimen. Yair Demarchi, detenido al salir de una fiesta en octubre pasado, tendría un rol de gatillero en la nueva banda.

División de tareas

La investigación detalla una estructura con funciones repartidas. Irina B. se encargaba de la administración y fiscalización del dinero de los kioscos, que le rendían ganancias incluso por transferencias bancarias. Pablo M. y Maximiliano G. habrían tomado el control de los puntos de venta de Gramonte tras su arresto. Kiara R. controlaba el movimiento de los quioscos mediante cámaras de seguridad, gestionaba líneas telefónicas y recibía alertas por WhatsApp de vecinos ante la presencia policial.

Como partícipes secundarios figuran Kevin E., acusado de controlar búnkers y ejecutar balaceras; Gabriel S., supervisor de "soldaditos" y de desvíos de dinero; Xavier G., señalado por controlar vendedores callejeros y proveerles las dosis; y Luciano G., por colaborar con la rendición de cuentas.

El encargado de la guarda y custodia de armas era Andrés "Plin" Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores, que había entrado en la lista de los prófugos más buscados hasta que lo apresaron en junio pasado a la salida de un boliche en San Telmo. Completan la lista Priscila G., encargada del control de las mujeres que vendían; Alan G., ejecutor de balaceras contra adversarios; y Tomás C., presunto tirador también vinculado a dos homicidios.

Fran Riquelme había sido condenado a fines de mayo pasado por los delitos de su banda anterior, cometidos cuando estaba preso en la cárcel de Piñero, entre ellos seis homicidios. Entre 2021 y 2022, esa organización, afín a Esteban Alvarado y con base en Empalme Graneros, mantuvo un enfrentamiento violento con un grupo de Ludueña cercano a Los Monos. Hubo once condenados más por homicidios, balaceras, extorsiones y venta de drogas.