Prestaban plata a gente en apuros y terminaban embargándoles el sueldo: el abogado y sus socios deberán devolver todo
Un abogado, una mujer y un tercer acusado aceptaron su culpa en una causa por préstamos con pagarés que terminaban en juicios ejecutivos y embargos. Millones de pesos y miles de dólares secuestrados esperan a las víctimas, pero hay un trámite que los condenados todavía deben cumplir.
Un abogado y otras dos personas fueron condenados en un juicio abreviado por una causa que investigó múltiples estafas procesales con pagarés, abuso de firma en blanco y usura agravada. La Justicia de Salta no solo les impuso penas de prisión condicional: ahora deberán mover los hilos necesarios para que las víctimas recuperen el dinero que quedó inmovilizado en cuentas judiciales.
El acuerdo fue homologado por el juez Ignacio Colombo después de que los acusados reconocieran los hechos y su responsabilidad. En representación del Ministerio Público Fiscal actuó la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
Las condenas
El abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona recibió tres años de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial para ejercer la profesión y una multa de $15.000. Fue declarado coautor de decenas de hechos de estafa procesal, falsificación de instrumento privado, abuso de firma en blanco y usura agravada.
También fue condenada Mirta del Valle López Nogales, con una pena de tres años de prisión condicional y una multa de $15.000 por su participación en hechos similares. En tanto, Jesús Federico Díaz recibió ocho meses de prisión condicional como coautor de seis hechos de estafa procesal.
El dinero que deberán devolver
Durante la investigación se secuestraron $4.624.000 y 8.200 dólares. Ese dinero será destinado a compensar a los damnificados. Para eso, los condenados deberán realizar las presentaciones necesarias para liberar los fondos que permanecían embargados en cuentas judiciales.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, el mecanismo consistía en otorgar préstamos a personas que atravesaban situaciones económicas difíciles y luego utilizar pagarés para iniciar juicios ejecutivos. En varios expedientes se habrían consignado domicilios inexistentes, deshabitados o pertenecientes a terceros, lo que impedía que los demandados fueran notificados correctamente y pudieran ejercer su defensa.
A partir de esos procesos judiciales se obtenían embargos sobre salarios y bienes de las personas afectadas.
