Préstamos con pagarés, embargos y domicilios que no existían: el método que terminó en condena para tres personas

El juez Ignacio Colombo, del Distrito Judicial del Centro de Salta, homologó el acuerdo al que llegaron las partes después de que los tres acusados reconocieran los hechos, su participación y las calificaciones legales que les atribuían. La resolución incluye penas de prisión condicional, multas e inhabilitación, pero además abre una puerta concreta para que las víctimas recuperen el dinero que quedó inmovilizado.

El abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial de cumplimiento efectivo para ejercer la profesión y una multa de 15 mil pesos. Se lo consideró coautor de 64 hechos de estafa procesal en concurso real, 24 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado, 50 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco y usura agravada, todo en concurso real.

Mirta del Valle López Nogales recibió tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 15 mil pesos, como coautora de 48 hechos de estafa procesal en concurso real, 22 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado, 48 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco y usura agravada, también en concurso real.

El tercer condenado, Jesús Federico Díaz, recibió ocho meses de prisión de ejecución condicional como coautor de seis hechos de estafa procesal en concurso real.

Qué decía la fiscal sobre el acuerdo

La fiscal del caso, Ana Inés Salinas Odorisio, explicó que el acuerdo no se firmó solo por una cuestión de economía procesal. Según detalló, incluyó medidas concretas para resolver la situación de los damnificados: los condenados deberán desistir de los procesos ejecutivos vinculados con los hechos investigados y hacer las presentaciones necesarias para que los fondos inmovilizados en cuentas judiciales puedan liberarse y volver a las víctimas.

La funcionaria señaló además que la continuidad de la causa penal, por sí sola, no cerraba esos juicios ejecutivos ni permitía disponer desde esa instancia la devolución del dinero embargado. Los juzgados civiles habían suspendido preventivamente los procesos donde se detectaron irregularidades, pero seguían abiertos y los fondos continuaban retenidos.

En ese contexto, Salinas Odorisio sostuvo que un juicio oral, por la cantidad de hechos, expedientes y personas involucradas, iba a demandar un tiempo considerable, mientras la situación patrimonial de los damnificados quedaba sin resolverse. El acuerdo abreviado permitió, además de fijar las responsabilidades penales y las condenas, incorporar una vía para avanzar en el desistimiento de esos procesos y en la restitución del dinero.

Cómo funcionaba la maniobra

La investigación describió un mecanismo que arrancaba con el otorgamiento de préstamos a personas en situación de necesidad económica y seguía con el uso de pagarés para iniciar juicios ejecutivos. En numerosos expedientes se consignaron domicilios inexistentes, deshabitados o ajenos a los demandados, lo que impedía notificarlos correctamente, mientras se conseguían embargos sobre sus haberes y bienes.

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