Presti ordenó dar de baja a los militares de la Armada por los sobresueldos, pero hay un detalle que no cierra
¿Puede la Armada limpiar su imagen mientras la Justicia investiga a 23 personas por casi $981 millones en sobresueldos? Presti ya ordenó las primeras bajas, pero hay un nombre que complica todo.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó este miércoles que le ordenó al jefe de la Armada poner en marcha el proceso para destituir al personal de la fuerza señalado por cobrar sobresueldos irregulares por casi $981 millones. Lo hizo durante una entrevista con TN, en la que no ahorró definiciones.
“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes”, disparó Presti. Y agregó que ya impartió las órdenes correspondientes: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”.
El funcionario fue más allá y apuntó contra la Justicia: “Más allá de la Justicia federal, que espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.
La denuncia que originó todo
Las declaraciones llegan después de que la propia fuerza presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas. El monto total asciende a $981.148.567,88. La presentación la hizo el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien alertó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.
Según el escrito, entre julio de 2022 y enero de 2026 se registraron 645 acreditaciones indebidas a favor de esas 23 personas, por importes superiores a los que correspondían o directamente sin respaldo alguno. El denunciante detalló que los registros del Sistema de Haberes eran alterados de forma transitoria antes de enviarse al Banco Nación y luego restituidos a sus valores originales para que los cambios no quedaran reflejados en los recibos publicados.
Quiénes son los señalados
Entre los involucrados hay personal militar en actividad y en retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado y cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Una de ellas es María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, la cifra individual más alta de toda la causa. Prieto es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff.
El Ministerio de Defensa había confirmado la apertura de una actuación administrativa que detectó las inconsistencias y anunció que radicó la denuncia ante el Juzgado Federal N°2. “Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo”, señaló la cartera en un comunicado.
Presti descartó a las Fuerzas Armadas en seguridad interior
En otro tramo de la entrevista, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad ciudadana. Fue tajante: “Ese es el ámbito del Ministerio de Seguridad”.
Explicó que la única fuerza con funciones de policía dentro del ámbito castrense es de carácter interno: “La policía militar es una policía específica para instalaciones militares y vela por el cumplimiento de los reglamentos militares”. Y remarcó los límites constitucionales: “Las Fuerzas Armadas no pueden, eso es seguridad ciudadana y le corresponde a las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas están para proteger la soberanía, la integridad territorial, no para las cuestiones de seguridad”.
Presupuesto 2027: “La primera inversión seria en 40 años”
Presti también se refirió al proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso y lo presentó como un punto de inflexión. “Quería transmitir un mensaje de esperanza para las Fuerzas Armadas. Es la primera vez en 40 años que hay una inversión seria y consecuente con nuestro personal y equipamiento”, afirmó.
Según el ministro, el proyecto prevé un incremento del 41% por encima de la inflación respecto del año anterior. Detalló que desde 1984 el 87% del Presupuesto de Defensa se destinaba históricamente a sueldos y apenas un 3% a inversiones; con el nuevo esquema, ese porcentaje treparía al 46%.