Presupuesto 2027: el Gobierno cede en Discapacidad y universidades, pero pone una condición

El Gobierno aceleró las conversaciones para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y está dispuesto a aceptar nuevas concesiones en partidas clave: universidades nacionales, prestaciones por Discapacidad y obras para las provincias. En la Casa Rosada aseguran que los fondos para Discapacidad quedarán garantizados y que buscan un entendimiento con el sistema universitario que incluya más recursos y cambios en el régimen de contribuciones patronales que administra ARCA.

El calendario que maneja el oficialismo tiene dos fechas marcadas: el miércoles 25 de noviembre, cuando el proyecto debería votarse en Diputados, y las sesiones extraordinarias de diciembre, donde el texto pasaría al Senado.

Discapacidad: el compromiso que falta precisar

La definición política más fuerte que transmiten desde Balcarce 50 es que los fondos para las prestaciones de Discapacidad estarán dentro del Presupuesto 2027. Con ese gesto el Ejecutivo intenta cerrar uno de los frentes más sensibles de su relación con la oposición, un conflicto que además quedó atravesado por resoluciones judiciales y por los reclamos de prestadores y organizaciones del sector.

El compromiso, sin embargo, todavía necesita precisiones: cómo se distribuirán las partidas y con qué mecanismo se actualizarán. Mientras tanto, el Congreso avanza en paralelo con una nueva legislación sobre prestaciones y pensiones.

El antecedente directo es el proyecto que Javier Milei envió al Congreso el 15 de septiembre. Ese texto original incluía modificaciones al régimen de la Ley de Emergencia en Discapacidad que generaron resistencias entre los bloques aliados y la oposición. Después, Diputados aprobó una iniciativa para instaurar un sistema permanente, que aún debe completar su tratamiento en el Senado. Por eso la negociación presupuestaria deberá resolver cómo se financiarán las obligaciones que finalmente queden vigentes y qué artículos del proyecto original se modifican o se retiran.

Universidades: contactos informales y una propuesta de 11 billones

El otro frente prioritario es el financiamiento de las universidades nacionales. El Ejecutivo reconoce contactos informales para llegar a un acuerdo y pretende combinar una revisión de las partidas con beneficios sobre las contribuciones patronales que las casas de estudio pagan como empleadoras. La meta es encauzar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario y evitar que el conflicto se extienda durante 2027. Hasta ahora no hay una propuesta definitiva aceptada por las autoridades académicas.

En el sistema universitario confirman que hubo contactos con el Gobierno, pero adelantan que ahora concentrarán las tratativas en el Congreso: buscan hablar con diputados y senadores para que el Presupuesto contemple los recursos necesarios para salarios, funcionamiento e investigación. También admiten que el régimen de contribuciones patronales sigue sobre la mesa, aunque no hay definición sobre su modificación ni sobre la combinación de beneficios fiscales y partidas que podría incorporarse al acuerdo.

El punto de partida es el Decreto 645/2023, que fijó para determinadas universidades nacionales una escala gradual de convergencia hacia las alícuotas generales del sector público. La norma establece una tasa del 13,65% en 2026 y del 14,52% en 2027, con incrementos posteriores hasta 2030. El beneficio está contemplado en los sistemas de ARCA y cualquier cambio deberá definir qué instituciones alcanza, cómo se instrumenta y cuál será su impacto fiscal.

El Consejo Interuniversitario Nacional ya presentó una propuesta de 11 billones de pesos para financiar el sistema durante 2027, por encima de los recursos que previó inicialmente el Ejecutivo. Para las autoridades universitarias, el proyecto oficial no alcanza a cubrir funcionamiento, salarios docentes y no docentes ni la aplicación de la legislación vigente. La negociación deberá resolver si el Gobierno aumenta las transferencias directas, modifica obligaciones previsionales o combina ambas herramientas. Por ahora no hay monto adicional acordado.

La letra chica con los gobernadores y los aliados

La Casa Rosada también busca sumar concesiones ligadas a los reclamos económicos de los gobernadores y de los bloques aliados. Sobre la mesa hay recursos para obras viales, distribución de fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, beneficios tributarios regionales y compromisos de inversión pública. El Ejecutivo sostiene que ya aceptó incorporar proyectos de obra pedidos por mandatarios provinciales, aunque no precisó cuáles, por qué montos ni con qué distribución territorial.

Una de las primeras modificaciones reconocidas públicamente es la prórroga de los regímenes de promoción automotriz y autopartista hasta 2032, impulsada por el PRO. La bancada de Cristian Ritondo confirmó que el Gobierno aceptó extender los beneficios de las leyes 27.263 y 27.686, que incluyen herramientas impositivas para las empresas del sector. La medida alcanza a varias regiones industriales y forma parte de las condiciones que los aliados pusieron para acompañar el Presupuesto.

Otros reclamos siguen sin resolución. El PRO mantiene planteos por las deudas de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires y por las concesiones viales, mientras que legisladores de Entre Ríos impulsan una reducción del IVA para los huevos y sus derivados. También continúan las conversaciones por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y por los recursos para obras e infraestructura provincial. En el Ejecutivo admiten que no todos los pedidos entrarán, pero reconocen que todavía hay margen para nuevas concesiones.

El cronograma que quedó ratificado

Las fechas se confirmaron tras la reunión que mantuvo este jueves Gabriel Bornoroni con representantes de los principales bloques dialoguistas en Diputados. La Libertad Avanza apunta a obtener dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes 17 de noviembre y a llevar el proyecto al recinto el miércoles 25. De las conversaciones participaron dirigentes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal, entre otros espacios. Hubo avances en la organización del calendario, pero los acuerdos sobre el contenido del texto siguen abiertos.

El oficialismo quiere enviar el Presupuesto al Senado para tratarlo en las sesiones extraordinarias de diciembre. En el Gobierno aseguran que la convocatoria está decidida, aunque falta definir fechas y temario mediante el decreto correspondiente. La intención es sancionar antes de fin de año y evitar arrancar 2027 con una nueva prórroga presupuestaria. Esa segunda etapa exigirá sostener los acuerdos con gobernadores y senadores que todavía no comprometieron públicamente su voto.

Las previsiones oficiales y el límite del equilibrio fiscal

El proyecto original prevé un crecimiento económico del 4% para 2027, una inflación interanual del 18% y la continuidad del superávit fiscal. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Administración Pública Nacional tendría un resultado financiero positivo de aproximadamente 246.741 millones de pesos. En el Ejecutivo sostienen que las concesiones presupuestarias deberán ser compatibles con el equilibrio de las cuentas públicas, el límite que Milei mantiene como condición para negociar. Se trata de previsiones oficiales: su cumplimiento dependerá de la evolución de la actividad y de los ingresos.

Detrás de la negociación hay además un objetivo político: llegar al verano con el Presupuesto y la suspensión de las PASO sancionados, para ordenar el escenario de 2027. En la Casa Rosada buscan mostrar a los mercados que el Gobierno conserva su compromiso fiscal y que puede reunir mayorías para aprobar sus principales iniciativas. El plan es usar esos resultados como señales de gobernabilidad antes de definir en el verano los acuerdos electorales con los mandatarios provinciales. El oficialismo cree que ambas votaciones pueden fortalecer su posición de cara a la campaña, aunque todavía necesita convertir las negociaciones en leyes aprobadas.