Primera sanción penal por amenazas en escuelas: dos adolescentes imputados en Llambi Campbell

Dos adolescentes, uno de 16 y otro de 18 años, fueron imputados este martes por amenazas en una escuela de Llambi Campbell, en la primera sanción legal tras la ola de intimidaciones que siguió al ataque en San Cristóbal. Ambos recuperaron la libertad con medidas alternativas.

La audiencia imputativa se realizó en los tribunales de Esperanza, a cargo de la fiscal Laura Gioria, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. A los jóvenes se les atribuyó la coautoría de amenazas coactivas y de intimidación pública.

La investigación comenzó tras el hallazgo de una nota amenazante en un baño de la escuela. El adolescente de 16 años quedó sujeto a medidas en territorio, mientras que el mayor de edad enfrenta medidas alternativas a la prisión preventiva.

El Gobierno provincial cobrará los operativos policiales

En paralelo, el gobierno de Santa Fe anunció que comenzará a cobrar los gastos de los operativos policiales a las familias de los estudiantes u otras personas que realicen amenazas e intimidaciones a escuelas. La medida busca frenar la ola de falsos avisos, que solo el martes registró 78 casos en toda la provincia, 22 de ellos en el departamento Rosario.

El esquema contempla siete instancias para exigir el pago. Primero, el MPA debe individualizar a los presuntos autores, partícipes y adultos responsables. Luego, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad estima los costos operativos y elabora un expediente con informes técnicos, registros de intervención policial y comunicaciones del 911.

El Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía define los recursos humanos y materiales utilizados, el nivel de complejidad (bajo, medio o alto) y si intervinieron unidades especiales como la Brigada de Explosivos o la Policía de Investigaciones (PDI). Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica emite una intimación de pago con un plazo de cinco días improrrogable. Si no se abona, la Fiscalía de Estado puede iniciar acciones judiciales.