Prisión preventiva para el portero acusado de abusar de niños en un jardín de Rosario: qué dijo la fiscal

La Justicia de Rosario ordenó la prisión preventiva por 90 días para Rubén Augusto Lima, el portero del Jardín de Infantes N° 261 “Paulo Freire”, acusado de abusar de al menos tres menores. La fiscal Antonela Valente confirmó que ya hay más de 11 denuncias en su contra.

¿Cómo surgió la causa?

Todo comenzó la semana pasada, cuando una madre denunció que su hijo había sido víctima de abusos dentro del jardín, ubicado en el barrio Empalme Graneros. Según el relato, el nene contó que el portero lo amenazó con un palo para que no hablara. A partir de allí, otras familias se sumaron con testimonios similares.

La fiscal Valente explicó que, por el poco tiempo transcurrido, solo pudieron imputar tres hechos correspondientes a tres niños distintos, pero la investigación sigue abierta. “Hay más de 11 denuncias”, precisó la funcionaria.

Audiencia y medidas judiciales

Durante la audiencia imputativa, realizada bajo estricta reserva, el juez Rafael Coria dispuso la prisión preventiva a pedido de la fiscal. Lima, de 55 años, negó las acusaciones y fue asistido por la defensa pública. No registra antecedentes penales.

Para recibir los testimonios de los menores, se implementó un dispositivo especial con psicólogas especializadas en la Comisaría de la Mujer. “Los niños contaron sus primeras palabras con un equipo de psicólogas especialistas”, detalló Valente, y agregó que los relatos presentaron coincidencias y permitieron ubicar los espacios físicos del jardín donde ocurrieron los hechos.

Conmoción y reacción institucional

La detención del acusado generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa. Madres y familiares se concentraron frente al jardín, donde hubo momentos de tensión y la policía montó un operativo para evitar incidentes. El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino la institución y reemplazó a todo el personal, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.

Las penas previstas para los delitos contra la integridad sexual que se investigan van de tres a diez años de prisión efectiva. La fiscalía no difundió las calificaciones legales específicas, pero confirmó que corresponden a ese capítulo del Código Penal.