Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno lanza la licitación y abre el juego a inversores internacionales

El Gobierno nacional dio un paso clave en su plan de reforma del Estado: convocó a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, hoy bajo la órbita de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL). La medida, que abarca 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, busca atraer capital privado para recuperar un sistema clave para la producción y el comercio exterior.

¿Qué implica el régimen de acceso abierto?

El esquema de concesión será bajo un régimen de acceso abierto, lo que permitirá la participación de distintos operadores en condiciones objetivas y no discriminatorias. Los interesados deberán presentar Planes de Inversiones y podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si invierten en infraestructura ferroviaria.

Además, se contemplan Obras Obligatorias a ejecutar durante los primeros cinco años de la concesión, junto con obras optativas que serán ponderadas en la adjudicación. El objetivo es eliminar cuellos de botella, como el de la ciudad de Santa Fe, y recuperar ramales estratégicos como el azucarero de la Línea Belgrano.

¿Por qué 50 años de concesión?

El plazo de medio siglo no es casual: busca dar previsibilidad a inversiones de gran escala y largo período de recuperación. Según el Gobierno, este horizonte permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

La conectividad es otro punto fuerte: las vías unen las principales zonas productivas del país con los puertos y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Cómo se financiarán las obras?

La licitación también habilita a los concesionarios a adquirir el material rodante de cada línea. Los fondos obtenidos por la venta y remate de locomotoras y vagones irán a un fideicomiso específico, que financiará parcialmente las Obras Obligatorias. Así, los activos existentes del sistema contribuirán a su propia recuperación.

Con esta movida, la administración de Javier Milei avanza en uno de los frentes más sensibles de su agenda: la reducción del déficit fiscal a través de la venta de empresas públicas. La pregunta que queda flotando es si el sector privado responderá al llamado y en qué condiciones.