Procesamiento judicial frustra millonaria operación para comprar el histórico ingenio La Trinidad

Una decisión judicial que pesa como una losa sobre el empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud habría terminado por derrumbar una de las operaciones comerciales más ambiciosas proyectadas para el sur de Tucumán. El plan, impulsado por el empresario Santiago Blaquier, buscaba adquirir el ingenio La Trinidad para fusionarlo con Concepción y crear un coloso industrial, pero el procesamiento por asociación ilícita y un embargo de $1.000 millones contra su actual dueño generaron un riesgo legal insalvable.

¿Qué se planeaba y por qué se cayó todo?

La estrategia de Santiago Blaquier, ejecutada a través de su firma Ingenios de Tucumán SA, era clara y ambiciosa: sumar La Trinidad al ingenio Concepción, que ya había comprado a fines del año pasado. El objetivo final era erigir un gigante con capacidad para moler 5.5 millones de toneladas de caña por zafra, posicionándolo como el actor más poderoso del sector en la región. Sin embargo, el panorama legal que envuelve al propietario actual, Ricardo Ansonnaud, se convirtió en un muro infranqueable.

La resolución del juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez no solo procesó a Ansonnaud como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria, sino que también expuso un presunto esquema de evasión fiscal y maniobras irregulares ligadas a la explotación del establecimiento. Este escenario de alto riesgo alejó a los inversores y congeló las negociaciones.

Los detalles de la causa que cambió todo

La investigación se originó en una denuncia del organismo recaudador nacional, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por evasión impositiva, retención indebida de aportes previsionales y otras irregularidades en la comercialización de azúcar. El juez describe en su fallo una presunta estructura organizada que habría operado desde al menos 2010, utilizando una sucesión de sociedades comerciales para mantener el ingenio en funcionamiento mientras las empresas anteriores quedaban insolventes ante el fisco.

Junto a Ansonnaud, el magistrado procesó a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata, considerados integrantes de la presunta organización. Para estos imputados, se decretaron embargos por $700 millones sobre los bienes de cada uno.

El entramado de sociedades y el hallazgo clave

La investigación judicial menciona a varias sociedades como parte del presunto esquema: MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Según la hipótesis fiscal, estas estructuras se usaron de manera sucesiva para eludir el pago de impuestos y cargas sociales.

Entre las maniobras investigadas figuran ventas de azúcar no registradas, emisión de remitos irregulares y la contratación de personal no registrado. Un hallazgo crucial se produjo durante allanamientos en agosto de 2018: se descubrió un depósito no declarado con 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos, sin respaldo documental, cuya existencia la empresa había negado previamente.

Las consecuencias y el futuro incierto

Para el juez Díaz Martínez, los elementos reunidos permiten sostener que existió una organización destinada a cometer ilícitos fiscales sistemáticamente, donde Ansonnaud habría tenido un rol central como propietario, directivo y beneficiario. El delito de asociación ilícita tributaria conlleva penas de 3 años y medio a 10 años de prisión, con un mínimo de 5 años para los considerados jefes.

Arnaldo Ahumada, abogado defensor de Ansonnaud, adelantó que apelarán la decisión, considerando que debe ser revisada. Más allá de esa instancia legal, el impacto en el mercado azucarero tucumano ya es un hecho. La millonaria operación de Blaquier está virtualmente caída y el proyecto de crear un nuevo gigante sucroalcoholero en la provincia queda, por ahora, completamente paralizado.