Procesan a dos médicos por robo de anestésicos en hospital: la trama que conecta con muertes sospechosas
Dos profesionales de la salud procesados por sustraer anestésicos de un hospital. Lo que declararon sobre “episodios de consumo” fuera del ámbito médico y cómo se relaciona con muertes recientes que aún no tienen responsables.
Un juez procesó a un anestesista y una médica residente por el robo de propofol del Hospital Italiano, en un caso que se vincula con las muertes de dos profesionales de la salud y las llamadas “propofest”. La investigación, a cargo del fiscal Lucio Herrera, reveló detalles escalofriantes sobre el consumo de la droga fuera del ámbito hospitalario.
El juez Javier Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento por administración fraudulenta contra Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse. Además, les prohibió salir del país y dispuso embargos por $70.000.000 para Boveri y $30.000.000 para Lanusse. Ninguno de los dos recibió prisión preventiva.
Fuentes de la causa aseguraron que los testimonios recopilados complicaron seriamente a ambos acusados. El magistrado explicó en su resolución que Boveri tuvo un “rol protagónico” en la maniobra debido a su jerarquía en el Italiano, donde trabajaba hacía 18 años y recientemente renunció, y por su acceso a la medicación.
¿Qué rol jugó cada acusado?
A Lanusse se le adjudica un “rol secundario” en los hechos. El período de la maniobra se estimó entre 2023 y febrero de 2026, fecha en que el Hospital Italiano y la Asociación de Anestesistas presentaron la denuncia. Sin embargo, aún no se conoce la cantidad exacta de fármacos que habrían sido sustraídos.
El juez también mantuvo la prohibición de contacto entre ambos acusados por 90 días y ordenó una serie de medidas vinculadas con los soportes tecnológicos secuestrados, incluyendo teléfonos celulares y tablets.
Este caso se enmarca en el escándalo de las “propofest”, supuestas fiestas donde se consumía el potente anestésico de manera recreativa. La trama involucra otros dos expedientes penales que investigan las muertes del anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt.
Las muertes que alarmaron a las autoridades
Zalazar fue hallado sin vida el 20 de febrero pasado con una vía conectada a su pie derecho. La Policía de la Ciudad encontró propofol y midazolam en su domicilio durante el allanamiento.
Un mes más tarde, el cadáver de Bentancourt presentaba una marca de inyección en el pliegue derecho. En su departamento de la calle Oro se hallaron más de 50 ampollas, entre ellas cinco de propofol.
Testimonios indican que Lanusse fue vista en el departamento de Zalazar luego de su muerte, junto con la también residente “Tati” Leclercq. Poco después de estos fallecimientos, abogados de AAARBA denunciaron a la joven residente y al anestesiólogo Boveri.
Las confesiones que complicaron el caso
Durante la investigación interna de AAARBA, “Fini” Lanusse declaró que tenía “un vínculo personal con Boveri” y que “en ese contexto, habrían tenido lugar episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario”.
Boveri, por su parte, reconoció que en el domicilio de Lanusse “se consumía propofol”. Esta declaración llevó al Hospital Italiano a exigirle que se tomara una licencia. La sospecha de AAARBA es que ese propofol habría sido robado precisamente del Italiano.
Curiosamente, ninguno de los dos acusados replicó estos relatos durante sus indagatorias formales ante la justicia, lo que generó más interrogantes sobre la veracidad de sus versiones iniciales.
Julieta, hermana de Zalazar, también declaró ante AAARBA. Aseguró que su hermano había comenzado a consumir propofol al menos dos meses antes de su muerte, “presuntamente instigado por alguien”.
Además, reveló que había oído hablar de “fiestas” donde “los residentes se administran unos a otros estas drogas”, supuestamente lideradas por “un médico referente del Hospital Italiano”.
El expediente del juez Sánchez Sarmiento se centra exclusivamente en investigar el supuesto robo en el Hospital Italiano. Esta investigación avanza en paralelo a las causas por las muertes de Zalazar y Bentancourt, que continúan sin imputados directos.
La complejidad del caso y sus múltiples ramificaciones mantienen en vilo a la comunidad médica, mientras la justicia intenta desentrañar los hilos que conectan el robo de medicamentos con tragedias personales.
