¿Productores a cargo de los caminos rurales? La dura advertencia de los ingenieros bonaerenses

En varios municipios de la provincia de Buenos Aires, los productores agropecuarios estudian organizarse para financiar y ejecutar el mantenimiento de los caminos rurales, hartos del estado deficiente que presentan. Sin embargo, desde el Colegio de Ingenieros bonaerense salieron a marcar la cancha: la iniciativa es válida, pero solo puede prosperar bajo estrictos controles técnicos y con profesionales matriculados al frente.

El presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, confirmó que la entidad ve con buenos ojos la participación privada ante la falta de recursos públicos, pero fue contundente al afirmar que “el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”.

¿Cuál es el riesgo si se hace mal?

Una intervención incorrecta sobre un camino rural puede desencadenar serios problemas. Modificar cunetas, alterar pendientes o cambiar el escurrimiento natural del agua no solo afecta al establecimiento donde se realiza la obra, sino también a los campos vecinos, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Castellano explicó que antes de construir o mantener un camino rural hay que analizar el funcionamiento de las cuencas hídricas, la ubicación de alcantarillas, los cruces de cursos de agua, las características del suelo y el nivel de exigencia de cada traza. Y remarcó: “No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola”.

¿Qué dice la normativa vigente?

Desde el Colegio recordaron que la Provincia ya cuenta con un marco legal que regula este tipo de obras, sin importar quién ponga el dinero. La Ordenanza General 165/73 exige estudios previos, proyectos presentados, dirección de profesionales habilitados y aprobaciones técnicas y administrativas antes de arrancar cualquier trabajo.

Castellano fue claro: que una cooperativa o un consorcio rural financie una obra no elimina las obligaciones legales de propietarios, ejecutores y autoridades. “No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana”, advirtió.

El peligro de repetir viejas prácticas

Otro de los puntos que preocupa a los ingenieros es que se siga creyendo que mantener un camino de tierra es solo pasar la motoniveladora y emparejar la superficie. “Se seguirán malgastando recursos en maquillajes que duran muy poco y que incluso pueden agravar problemas hidráulicos”, sostuvo Castellano.

Para el titular del Colegio, un camino rural debe pensarse como parte de una planificación integral que contemple la calidad de la construcción y la facilidad de su mantenimiento futuro, priorizando la durabilidad para maximizar la inversión.

Municipios, también bajo la lupa

La advertencia alcanza a los gobiernos locales que estén evaluando autorizar estas iniciativas. Según el Colegio, los municipios, como autoridades de aplicación, deben exigir la presencia de ingenieros en todo el proceso para garantizar que las obras se proyecten y ejecuten de manera competente. De lo contrario, se malgastan recursos y se compromete la calidad de los trabajos por afectaciones hidráulicas o ambientales.

Lejos de rechazar el esquema, desde el Colegio lo ven como una oportunidad para liberar recursos públicos y destinarlos a sectores sin capacidad de inversión. Pero el éxito dependerá de incorporar lo que muchas veces faltó en la obra pública tradicional: planificación técnica, estudios rigurosos y dirección profesional comprometida.

“La participación privada será una solución duradera y necesaria frente a la falta de recursos si se lleva a cabo con criterio, porque para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Financiar una obra no alcanza; también hay que ejecutarla con criterios de ingeniería y dentro del marco legal vigente”, concluyó Castellano.