Prohibido en las escuelas: el fallo que frena la entrega de alimentos con sellos rojos

Un fallo judicial sacudió el sistema de comedores escolares en Entre Ríos: la Justicia ordenó frenar la distribución de productos ultraprocesados en todos los establecimientos educativos públicos de la provincia. La medida, que responde a un amparo colectivo, pone en jaque el actual esquema de provisión de desayunos y meriendas.

La resolución fue dictada por el juez Juan Malvasio y alcanza a todos los alimentos no perecederos que contengan al menos un sello de advertencia, según lo estipulado en la Ley de Etiquetado Frontal. El Gobierno provincial, a través del Consejo General de Educación, deberá abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir estos productos.

¿Quiénes impulsaron la medida?

El amparo colectivo fue presentado por el gremio docente AGMER, la fundación Cauce y un grupo de padres preocupados por la calidad nutricional de lo que reciben los chicos en las escuelas. La noticia fue difundida por Agmer Paraná y ya genera un fuerte debate en la comunidad educativa.

El fallo no solo prohíbe la entrega de estos alimentos, sino que también obliga al Ejecutivo provincial a garantizar la provisión de productos que no estén alcanzados por las restricciones. Es decir, las escuelas deberán volver a recibir alimentos saludables de forma ininterrumpida.

¿Qué dice la Ley de Etiquetado Frontal?

La medida se apoya en el Artículo 12 de la Ley 27.642, conocida como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Esta normativa establece que los productos con excesos de azúcares, grasas o sodio deben llevar sellos de advertencia, y ahora la Justicia entrerriana decidió que esos productos no pueden llegar a los comedores escolares.

El objetivo es proteger el derecho a la salud de los estudiantes, limitando el acceso a alimentos que pueden ser perjudiciales para su desarrollo. La decisión judicial marca un precedente importante en la región.

Vuelta al sistema anterior de provisión

Además de la prohibición, el magistrado dispuso que el Gobierno debe retomar la modalidad de gestión que estaba vigente antes de la implementación del actual sistema centralizado. Esto significa que la provisión de alimentos volverá a realizarse de la forma tradicional, tal como se hacía en cada institución.

La medida genera expectativas y dudas entre las autoridades educativas, que deberán reorganizar la logística de entrega de alimentos en medio del ciclo lectivo. Mientras tanto, desde AGMER celebraron la decisión y pidieron que se cumpla de inmediato.

El fallo también llega en un momento particular: el Consejo General de Educación informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas, lo que marca el pulso de un sistema que ahora deberá adaptarse a esta nueva realidad judicial.