Prohibieron construir en el parque de la UNT, pero igual levantaron 70 casas: hay dos procesados

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, procesó sin prisión preventiva a un hombre de 66 años y a su hijo de 38 por el avance de un emprendimiento inmobiliario denominado "Las Pirámides", levantado dentro del Parque Sierra de San Javier, sobre tierras de dominio público que pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La investigación la llevó adelante la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Agustín Chit, con la intervención de la auxiliar fiscal Julia Vitar.

La resolución consideró acreditada, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso, la responsabilidad de P.M.S como autor de tres hechos de usurpación mediante despojo —ocurridos en 2019, 2022 y 2024—, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. Su hijo fue procesado como partícipe secundario de los tres hechos de usurpación y del daño agravado. El juez dispuso embargos por 500 millones de pesos sobre los bienes del hombre y por 200 millones sobre los de su hijo, y resolvió que ambos sigan en libertad durante el proceso.

Como antecedente, el magistrado destacó que P.M.S registraba una condena penal firme del 20 de diciembre de 2024, dictada por el mismo juzgado: un año de prisión en suspenso y una multa de 30 millones de pesos por desobediencia a un funcionario público.

Una cautelar que no frenó las obras

El punto de partida de la causa fue una medida cautelar del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, dictada el 3 de diciembre de 2018, que ordenaba suspender toda construcción de viviendas, tala de árboles, parquización, apertura de caminos y cualquier otra acción que afectara el sector conocido como "Las Pirámides", dentro del parque.

Pese a esa prohibición, la investigación reconstruyó un proceso de expansión progresiva del emprendimiento. En abril de 2019 se constataron 25 viviendas terminadas y una en construcción. Tres años después se registraron 21 viviendas nuevas, además de desmontes de gran magnitud, tala de árboles, construcciones en curso, maquinarias y materiales.

Con las denuncias ya presentadas, la fiscalía pidió una inspección ocular que el juzgado ordenó y se concretó el 20 de abril de 2024, con la intervención de la Unidad Especial de Reconocimiento (UNRE) y la Unidad de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional, junto a personal de la UNT. El procedimiento relevó 54 viviendas. Después, un trabajo del Departamento de Geodesia y Topografía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT permitió georreferenciar 70 construcciones, además de terrenos delimitados con cercos y carteles de "propiedad privada" y "prohibido pasar", algunos con los nombres de las familias que ocupaban las casas.

Los relevamientos con inspecciones judiciales y vuelos con drones en 2019, 2022 y 2024 mostraron los sucesivos avances sobre el área protegida, según la acusación. El crecimiento también se reflejó en el consumo eléctrico: el único suministro registrado a nombre de P.M.S pasó de 155 kWh en mayo de 2012 a picos de 8627 kWh, un incremento del 3.572,25%.

La venta de los terrenos

Otro eje de la causa fue la comercialización de lotes. La fiscalía incorporó publicaciones en redes sociales y plataformas digitales, recibos y boletos de compraventa que documentaron operaciones del principal acusado. Se identificaron al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios, de los cuales al menos 12 se celebraron después del 3 de diciembre de 2018, cuando ya regía la cautelar que prohibía lotear y enajenar fracciones.

Según la fiscalía, algunos de esos instrumentos presentaban a P.M.S como poseedor del inmueble desde hacía más de cien años y aludían a una supuesta sentencia firme que avalaría su derecho a usucapir. Sin embargo, la Dirección Provincial de Catastro de Tucumán había rechazado en 2009 el plano de mensura que el imputado presentó para obtener la prescripción adquisitiva. El juez remarcó que, al momento de los hechos investigados, no contaba con ningún título ni resolución judicial que reconociera dominio o posesión sobre el predio.

Para el magistrado, la documentación entregada a los compradores habría servido para construir una apariencia de legitimidad sobre derechos que el acusado no tenía. También señaló que la copia de un sobreseimiento de una causa iniciada en 1998 no reconocía dominio alguno ni habilitaba a lotear, desmontar o vender.

El rol del hijo

La investigación alcanzó a M.S, hijo del principal imputado, a quien la fiscalía le atribuyó una participación secundaria. Entre los elementos tenidos en cuenta, en diciembre de 2018 habría impedido el ingreso de personal judicial y del representante legal de la UNT al predio. Y durante el allanamiento de abril de 2024 habría amenazado al personal de Gendarmería antes de dejarlos pasar, una vez exhibida la orden judicial.

También se detectaron publicaciones suyas ofreciendo lotes en el barrio privado "Las Pirámides", su vinculación con la empresa San Javier WIMAC SAS —que prestaba internet a las familias asentadas— y transferencias recibidas en su cuenta de Mercado Pago de compradores y moradores. Para la fiscalía, esos elementos exceden un simple acompañamiento familiar y muestran una colaboración concreta con la actividad de su padre.

Tierras públicas y protegidas

El Parque Sierra de San Javier está sobre tierras de la UNT desde 1948 y son bienes de dominio público. Mediante la Resolución UNT Nº 1030/73 se creó formalmente el Parque Universitario Sierra de San Javier, destinado a educación e interpretación ambiental, investigación científica, servicios ambientales, turismo y recreación, bajo la categoría de Conservación II. Resoluciones de la UNT de 1974 y 1975 prohibieron la explotación agrícola, ganadera, comercial o industrial, la residencia humana y cualquier alteración del paisaje o del ecosistema.

Al tratarse de un bien de dominio público, el inmueble está fuera del comercio y no puede adquirirse por usucapión ni ser enajenado por particulares. La causa documentó construcciones, desmontes, apertura de caminos y tala de árboles en un sector del área protegida. Para la fiscalía, la maniobra no solo desapoderó progresivamente a la Universidad, "sino también la afectación del ambiente, del orden territorial y del destino público del área".

El peritaje ambiental que sigue pendiente

En octubre de 2024 la fiscalía pidió autorización para un informe técnico que determine si las edificaciones e intervenciones causaron daño ambiental y, en su caso, lo cuantifique. Se requirió la intervención de investigadores del Instituto de Ecología Regional (IER) y del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), dependientes del CONICET NOA Sur. Los organismos elaboraron un protocolo y estimaron unos 70 días de trabajo, pero la medida sigue sin ejecutarse: el juez elevó la cuestión al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se otorguen las partidas presupuestarias necesarias para afrontar los costos del peritaje.