Prometía viviendas y se quedaba con la plata: la maniobra de la mujer que acumuló más de 14 millones

Una mujer quedó bajo arresto domiciliario en Tucumán acusada de estafar a al menos cuatro personas con la falsa promesa de gestionar viviendas, obteniendo más de 14 millones de pesos.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, liderada por el fiscal Diego Alejo López Ávila, reveló que la acusada se presentaba como una gestora con contactos en organismos públicos y gremios. Los hechos ocurrieron entre fines de 2022 y agosto de 2026.

¿Cómo engañaba a las víctimas?

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la mujer ofrecía viviendas en barrios como San Andrés y Manantial Sur, solicitando importantes sumas de dinero por adelantado. Cuando llegaba el momento de la entrega, siempre aparecían excusas y pretextos.

Los cuatro episodios de estafa

Primer hecho (fines de 2022): Se presentó como gestora con contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Legislatura de Tucumán. Ofreció una vivienda en San Andrés por $3.150.000, pero nunca la entregó.

Segundo hecho (10 de noviembre de 2023): Se hizo pasar por empleada de la Legislatura y abogada de UPCN. En un bar de avenida Sarmiento, ofreció una vivienda en Manantial Sur. Solicitó $2.200.000 para el terreno y $40.000 para gastos de escribanía. El perjuicio fue de $1.945.300.

Tercer hecho (23 de abril de 2026): Se presentó como abogada que recuperaba viviendas del IPV. Ofreció una casa en Manantial Sur por $4.180.000, pero la víctima nunca recibió el inmueble.

Cuarto hecho (10 de agosto de 2026): Contactó a un chofer de Uber, se hizo pasar por abogada y miembro de la CGT. Consiguió que el conductor la pusiera en contacto con familiares interesados. En una estación de servicio YPF, pidió $150.000 para “armado de carpeta” y luego $5 millones como adelanto. Al día siguiente, en un bar de Maipú 50, prometió la adjudicación en un mes y recibió $5 millones. También indujo a otras víctimas a transferir $150.000 cada una a nombre de su hija. El perjuicio total en este caso fue de $5.450.000.

¿Qué resolvió la Justicia?

El juez interviniente ordenó la prisión preventiva bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico por 45 días. La investigación continúa para determinar si hay más víctimas.