Prometieron departamentos de lujo frente al mar: lo que encontraron los inversores dejó helada a la justicia

Un grupo de vecinos y amigos del barrio San Isidro Chico, en la zona norte del Gran Buenos Aires, entregó los ahorros de su vida para un proyecto inmobiliario en Costa Rica que hoy es solo selva virgen. Lo que comenzó como una oportunidad de inversión inmejorable en marzo de 2022 se transformó en una causa por estafa que ya tiene trámite judicial en Argentina, con perjuicios millonarios y un terreno al borde del remate.

Bajo la promesa de departamentos de lujo frente al mar en Playa Tamarindo, una de las zonas más codiciadas de Guanacaste, Costa Rica, al menos 13 personas confiaron en los desarrolladores argentinos Rodrigo R., Lisandro A. y Juan Pablo I. Cuatro años después, la realidad es desoladora: el complejo no tiene un solo ladrillo, y los inversores no reciben respuestas.

¿Cómo operaba el presunto engaño?

El proyecto, denominado “Air Homes”, no se vendía en oficinas impersonales, sino en reuniones de confianza entre conocidos que compartían círculos sociales. A través de la empresa Ara Homes SRL, los desarrolladores distribuían folletería y renders profesionales con un alto nivel de realismo, presentando una batería de herramientas de marketing de última generación.

Pero el presunto engaño fue un paso más allá de la publicidad convencional. Los investigadores detectaron que subieron estas imágenes digitales a Google Maps, geolocalizando los edificios como si ya existieran, creando una ilusión de realidad que convenció a los inversores.

Una de las imágenes del proyecto en Costa Rica.

¿Cuál es la magnitud del perjuicio económico?

La magnitud del perjuicio económico es todavía materia de peritaje, pero las cifras que figuran en el expediente judicial son contundentes. Se estima que el monto total acumulado en los contratos de promesa de compraventa asciende a USD 8.940.000. Este número, según la denuncia de una de las víctimas, fue inflado deliberadamente para engañar al Banco de Costa Rica (BCR) y obtener mayores líneas de crédito, una maniobra que también es investigada como posible fraude bancario en el país centroamericano.

Hasta la fecha, las denuncias formalizadas por los inversores argentinos superan los USD 2.400.000. Sin embargo, el daño no se limitó a la falta de construcción. Sin autorización de los inversores, los desarrolladores habrían endeudado a la sociedad dueña de la tierra mediante una hipoteca que hoy alcanza los USD 485.000.

¿Qué pasó con el terreno y las alarmas?

Esta deuda, generada a espaldas de los socios, pone al único activo —el terreno— al borde del remate judicial, lo que dejaría a las víctimas sin ninguna posibilidad de recuperar su capital. “La sociedad quedó en la peor situación posible: un terreno baldío sin un solo ladrillo colocado, con deudas vencidas que podrían derivar en el remate del único activo”, sostuvo una de las damnificadas.

Según el testimonio de una víctima que pidió resguardar su identidad por temor a represalias, “las alarmas se encendieron entre fines de 2023 y principios de 2024”. Los inversores, que ya habían desembolsado sumas millonarias, empezaron a exigir informes de avance de obra. La respuesta inicial fue una secuencia de evasivas clásicas: demoras administrativas, problemas con proveedores locales y supuestos retrasos en los permisos municipales en Costa Rica.

El proyecto que se había prometido construir frente al mar.

¿Cómo avanzó la investigación judicial?

Con el paso de los meses, la situación pasó de la desprolijidad para convertirse en un presunto delito. Los desarrolladores dejaron de atender los teléfonos y se negaron sistemáticamente a entregar las acciones de la sociedad, un requisito legal pactado en el acuerdo original de 2022. “Los desarrolladores afirmaban que las ventas venían muy bien, pero nunca entregaban información sobre los departamentos vendidos ni sobre cuánto de esos ingresos se destinaba a la obra. Mientras tanto, ganaban tiempo y destinaban salidas de dinero a sus sociedades personales y cuentas bancarias, dejando a la sociedad sin fondos”, explicó uno de los inversionistas.

Según consta en una causa penal tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, el pasado viernes 10 de abril se ordenó el allanamiento de las oficinas de “Sanoara” en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el operativo, efectivos policiales secuestraron computadoras, discos rígidos y una vasta documentación, vinculada con los proyectos inmobiliarios a nombre de Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A.

La denuncia ya fue presentada ante la Justicia.

El impacto del allanamiento fue inmediato: pocas horas después, la web oficial del proyecto fue dada de baja y los perfiles en redes sociales de los tres desarrolladores principales fueron eliminados o puestos en modo privado. Los abogados de las víctimas creen que este es solo el comienzo, sospechando que existen más damnificados que aún no se han animado a denunciar por temor o vergüenza.

Mientras tanto, en Costa Rica, la selva sigue ganando terreno sobre lo que prometía ser un paraíso de hormigón y cristal, dejando a los inversores con pérdidas millonarias y un futuro incierto.