Proponen convertir un beneficio clave para estudiantes en ley permanente: ¿Qué cambiaría?

El bloque oficialista presentó un proyecto para que el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) deje de depender de decisiones administrativas y se convierta en una política pública permanente en Tucumán. La iniciativa busca darle un marco legal estable a un beneficio que actualmente funciona bajo decisiones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo.

El proyecto fue presentado en la Legislatura por legisladores del Partido Justicialista (PJ). Según los fundamentos, el costo del transporte no debe convertirse en una barrera económica que limite la asistencia a clases, ya que se trata de una responsabilidad indelegable del Estado.

¿Quiénes impulsan la iniciativa?

La propuesta está encabezada por el legislador Roberto Moreno y cuenta con el acompañamiento de Patricia Lizárraga, Paula Galván y Roque Argañaraz, todos integrantes del PJ. En el texto, los parlamentarios destacan que el BEG ya demostró su impacto positivo en la sociedad tucumana, pero advierten que su continuidad depende actualmente de decisiones del Ejecutivo, lo que genera incertidumbre ante posibles cambios de gestión.

¿Hubo intentos anteriores?

No es la primera vez que se busca institucionalizar este beneficio. En 2022 se presentaron dos proyectos similares: uno impulsado por el entonces legislador Darío Monteros y otro por el radical José María Canelada, pero ninguno llegó a ser tratado en el recinto y perdieron estado parlamentario.

El único antecedente aprobado data de enero de 2020, cuando la Legislatura expresó su respaldo a la implementación del BEG mediante una resolución. Sin embargo, esa medida no le otorgó carácter de ley.

¿Qué establece el nuevo proyecto?

El texto establece que el boleto estudiantil debe cubrir el costo del transporte público para el traslado entre el domicilio y el establecimiento educativo. Además, pone el foco en garantizar criterios de igualdad, accesibilidad e inclusión, con especial atención a estudiantes con discapacidad.

Los legisladores aclaran que no se trata de crear un nuevo beneficio ni de ampliar el universo de destinatarios, sino de consolidar legalmente una política que ya está en funcionamiento. También se prevé que la autoridad de aplicación deba presentar informes anuales ante la Legislatura, detallando el alcance territorial del programa y los recursos destinados.

¿Por qué es clave para el interior?

Uno de los puntos destacados del proyecto es su relevancia para el interior de la provincia. Allí, el acceso al transporte resulta clave para que muchos estudiantes puedan sostener sus estudios.

En ese sentido, los impulsores de la iniciativa plantean que garantizar el traslado diario no es solo una medida social, sino una inversión estratégica en educación y desarrollo humano. La discusión vuelve a instalar un tema que impacta directamente en miles de estudiantes tucumanos y que, de avanzar, podría dejar de depender de decisiones coyunturales para convertirse en una política de largo plazo.