Proyecto de ley busca reformar la salud mental tras años de críticas y desigualdades

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y proteger a pacientes y terceros en situaciones que actualmente no encuentran un encuadre adecuado.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones. Este movimiento intenta retomar la agenda de gestión en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Salud, que recopiló aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo. Este relevamiento permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria.

¿Cuáles son los problemas actuales?

Uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación homogénea en el país. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, aprobada en 2010.

De las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales que ofrecen servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. Esta situación genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos.

¿Qué cambios se proponen?

El proyecto reemplazará el término “padecimiento mental” para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas). Esto incorpora el concepto de trastornos mentales o del comportamiento, buscando mayor precisión.

También se buscará un nuevo enfoque sobre el riesgo, reemplazando el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Este cambio incorpora contexto y antecedentes, permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.

En este punto, el proyecto enfatiza que “la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida”. En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

Se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia.

¿Qué pasa con los hospitales psiquiátricos?

La ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales. Sin embargo, el proyecto señala que este modelo no siempre es viable debido a limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad.

Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Desde el Gobierno señalaron que hubo “episodios graves en hospitales generales como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, que reflejan estas limitaciones en casos complejos”.

En lugar de cerrar instituciones, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad. Esta red incluiría hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.

Según pudo saber Clarín, el proyecto se presentará “en breve” para su recorrido legislativo.