Proyecto para evaluar psicológicamente a funcionarios en Salta

La Cámara de Diputados de Salta podría tratar un proyecto de ley que obligaría a los funcionarios de los tres poderes del Estado a someterse a exámenes psicológicos periódicos. La iniciativa, impulsada por la diputada Mónica Juárez, ingresó en el Acta de Labor Parlamentaria de esta jornada sin dictamen de comisión.

Si la propuesta avanza, los funcionarios del Ejecutivo (hasta director provincial), legisladores y autoridades del Judicial deberían obtener un Certificado de Aptitud Psicológica al asumir sus cargos. La primera evaluación tendría que realizarse dentro de los 30 días posteriores a la designación o elección, y luego repetirse cada dos años.

¿En qué consiste el Certificado de Aptitud Psicológica?

El proyecto busca corroborar que la persona continúe en condiciones de desempeñar su función. Para garantizar la transparencia, los certificados no podrían ser emitidos por profesionales particulares ni instituciones privadas. En su lugar, se crearían tres equipos de diagnóstico psicológico: uno para cada poder del Estado.

Estos equipos tendrían independencia administrativa, económica y financiera respecto del poder cuyos funcionarios deban evaluar. Estarían integrados por médicos psiquiatras y licenciados en Psicología, seleccionados mediante concursos públicos de títulos, antecedentes y oposición. Los profesionales contarían con dedicación exclusiva y carácter vitalicio mientras mantengan buena conducta.

¿Qué aspectos se evaluarían?

Entre las atribuciones de los equipos estaría analizar la aptitud psicológica de los funcionarios, considerando aspectos como la 'rectitud moral y ética, discernimiento, ecuanimidad, equilibrio, eficiencia y lucidez'. También podrían determinar la habilitación o no de cada funcionario para ejercer la función encomendada y expedir el correspondiente certificado.

Los resultados de las evaluaciones estarían protegidos por criterios de reserva, confidencialidad e intimidad. Solo tomarían estado público cuando constituyeran un fundamento que impidiera la designación de un funcionario, situación en la que se activarían los mecanismos para cubrir el cargo vacante.

La deuda del narcotest

La provincia de Salta aún no aplica la Ley Provincial 8.533, que establece controles toxicológicos obligatorios y sorpresivos para funcionarios de los tres poderes y de los municipios. En junio se conformó una comisión multisectorial para avanzar en su reglamentación, pero hasta el momento el sistema no comenzó a funcionar.