Prunotto defendió el ingreso de asistentes legislativos: "Hace 40 años que se hace así"

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, salió al cruce de las críticas por los colaboradores con antecedentes en la Unicameral y aseguró que el ingreso de asistentes legislativos sin cumplir requisitos es una práctica que viene de hace cuatro décadas. Fue durante su visita a la MECA 26 en la Sociedad Rural de Villa María, donde además de cortar el queso solidario, dialogó con los medios locales.

El foco del cuestionamiento está puesto en cuatro colaboradores del exlegislador Ramón Flores, quien representaba al departamento Río Seco. Uno de ellos, José Villarreal, está detenido por abuso sexual y grooming. Prunotto, que preside la Unicameral, intentó llevar tranquilidad y aclarar varios puntos de la polémica.

Qué dijo sobre los asistentes cuestionados

La vicegobernadora marcó una diferencia entre asesores y asistentes: los primeros son profesionales con conocimiento específico, mientras que los segundos son el nexo con el territorio. En ese sentido, defendió la función de los colaboradores de Flores y aseguró que Villarreal presentó su certificado de antecedentes "y estaba limpio", por lo que la situación "ahora está judicializada".

Además, señaló que las declaraciones juradas de Flores no se perdieron dentro de la Legislatura, sino que están en la Escribanía General de Gobierno. Sobre las críticas de la oposición, fue contundente: "Pasan esas cosas, pero creo que, lamentablemente, es la parte del juego de la política, de la oposición, que siempre es de estar más bien limando en vez de cuidar las instituciones y acompañar".

En cuanto a la cantidad de asistentes por legislador, explicó que son entre tres y cinco, y justificó ese número por la extensión de la provincia: "Ustedes imagínense acá, en el Departamento San Martín, si un legislador con un solo asistente podría recorrerlo".

El trabajo "invisible" y los cambios pendientes

Prunotto destacó que hay una labor legislativa que no se ve, como el trabajo en las comisiones y el acompañamiento en cada rincón de la provincia. "Hay cuestiones a revisar", admitió, aunque aclaró que muchas de las prácticas que se cuestionan vienen de "usos y costumbres que venían de todos los partidos políticos, no de uno solo".

En ese marco, contó que están trabajando en una ley para compatibilizar los certificados de antecedentes provincial y nacional, aunque remarcó la complejidad de la tarea: "Hay que cargar todos los legajos de 40 y pico millones de argentinos".

Alivio cordobés: el programa que busca contener el endeudamiento

Más allá de la polémica, Prunotto se refirió a la última sesión de la Unicameral, donde se aprobó el programa "Alivio cordobés", impulsado por el gobernador Martín Llaryora. La iniciativa busca que bancos y entidades emisoras de tarjetas ofrezcan mecanismos de refinanciación de deudas para los cordobeses que se han visto obligados a endeudarse para poder comer.

Las operaciones tendrán una tasa nominal anual fija máxima del 35% y podrán cancelarse en un plazo de entre 24 y 48 cuotas mensuales. Se podrán refinanciar deudas originadas en préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otras financiaciones destinadas a gastos de subsistencia o necesidades básicas del hogar.

Los grupos familiares endeudados tendrán 90 días para adherirse al programa, a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de la Provincia. Eso sí, deberán cumplir con determinadas condiciones económicas, financieras y patrimoniales que definirá la autoridad de aplicación.

Prunotto también mencionó el programa "Impulso cordobés", que permite comprar en supermercados y farmacias en cuotas sin interés a través de la Tarjeta Cordobesa. "Estamos en un momento muy complejo", resumió, y aclaró que estas medidas no buscan desafiar al Gobierno nacional, sino dar respuestas a la gente.