El Colegio de Psicólogos de Catamarca salió a rechazar la media sanción que el Senado le dio a la reforma de la Ley de Salud Mental y advirtió por el futuro de la atención. Qué pasaría en la provincia si el proyecto avanza.
El Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca se pronunció en contra de la media sanción que el Senado de la Nación le dio al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. La entidad consideró que la iniciativa implica “un claro retroceso y vulneración de los derechos de las personas con padecimientos mentales”.
La postura quedó plasmada en un comunicado en el que la institución defendió el modelo de atención vigente, apoyado en los derechos humanos y el abordaje comunitario. Además, reclamó que se mantengan los equipos interdisciplinarios dentro del sistema de salud, junto con las políticas públicas y el financiamiento que sostienen la atención.
El pedido de recursos para sostener la ley actual
En esa línea, el Colegio solicitó que se conserven los recursos que permitan “garantizar la plena implementación de la normativa vigente y el acceso a los dispositivos de salud mental de la población”. El documento cerró con una consigna directa: “No a la reforma de la Ley de Salud Mental”.
Qué pasaría en Catamarca si la reforma se convierte en ley
El proyecto aún debe pasar por la Cámara de Diputados de la Nación. Si obtiene la aprobación y se transforma en ley, sus disposiciones comenzarán a aplicarse en Catamarca al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Esto se debe a que se trata de una norma nacional que, además, modifica artículos del Código Civil y Comercial vinculados con las internaciones por motivos de salud mental.
Por ese motivo, los cambios en derechos civiles y en los procedimientos de internación no quedarán supeditados a que la Legislatura de Catamarca sancione una nueva adhesión para que entren en vigencia.
De todos modos, la puesta en marcha de las modificaciones exigirá adaptaciones en el sistema sanitario provincial. La provincia deberá analizar la disponibilidad de profesionales, la organización de los equipos interdisciplinarios, la infraestructura hospitalaria y los recursos necesarios para instrumentar los nuevos dispositivos de atención.
Parte de esas medidas podrían resolverse a través de decisiones administrativas del Ministerio de Salud, mientras que otras podrían demandar cambios en leyes provinciales o la intervención de la Legislatura, sobre todo en lo que respecta al presupuesto.
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