Psiquiatra en la mira: el video que lo mostraría entregando certificados por dinero

En Comodoro Rivadavia, la Cámara de Comercio y la Asociación Hotelera y Gastronómica denunciaron penalmente a un psiquiatra por la presunta emisión irregular de certificados médicos. Las entidades reclaman que la Justicia avance con pericias clave para determinar si las licencias laborales estaban justificadas.

¿Qué revelaron los relevamientos?

El presidente de la Cámara de Comercio, Alexis Tögel, explicó que en 2020 analizaron certificados de más de 40 empresas y descubrieron que el 55% de los emitidos por psiquiatras llevaban la firma del mismo profesional. Un segundo relevamiento conjunto con la Asociación Hotelera arrojó resultados similares.

“Lo que ahora hacemos es solicitar que simplemente la justicia avance”, dijo Tögel, y agregó que la pericia determinaría si los empleados tenían diagnóstico o tratamiento previo que justificara las licencias.

El costo de las licencias prolongadas

Según Tögel, algunos certificados indicaban licencias de uno, seis o hasta doce meses por trastornos de ansiedad. Una sola licencia mensual puede costarle a la empresa entre 2,5 y 3 millones de pesos, entre salarios, aportes y reemplazos.

“Para aquellos que no lo necesitan y usan esto como herramienta para no trabajar, genera un costo enorme en las empresas”, afirmó.

Un video de 11 minutos como prueba

La denuncia incluye un video de YouTube que, según Tögel, muestra al psiquiatra entregando un certificado por dos meses a cambio de un pago. El dirigente rechazó que el material esté editado: “Dura 11 minutos y medio; desde que entra al consultorio hasta que sale son menos 9 minutos”.

Será la Justicia la que determine el valor probatorio del video y de los demás elementos.

Dos años sin avances

Tögel cuestionó la demora judicial: la presentación inicial lleva más de dos años. Por eso, realizaron un nuevo pedido para que se concreten las pericias. También consultaron a organismos sanitarios, aunque no existe un colegio de psiquiatría con intervención obligatoria en el caso.

La causa sigue en etapa de investigación, sin resolución que determine responsabilidad penal del profesional.