Pullaro firmó la ley contra los cuidacoches: quiénes podrían terminar hasta 80 días presos

El gobernador Maximiliano Pullaro oficializó este viernes la nueva ley N° 14.486, que modifica el Código de Convivencia de Santa Fe y establece sanciones concretas para la actividad de cuidacoches en la provincia. La firma del decreto 2121, junto al ministro de Gobierno Fabián Bastía, marca el punto de partida para que cada municipio decida cómo aplicarla.

Qué dice la ley

La norma incorpora una contravención para quien, sin autorización y cuando la actividad esté prohibida por la normativa local, ofrezca espacios para estacionar en la vía pública o servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza a cambio de dinero u otro beneficio. No importa si la retribución es voluntaria: la conducta queda alcanzada igual.

La sanción base es de dos a diez días de trabajo comunitario, más la prohibición de volver al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la pena escala a entre diez y veinte días de arresto.

Agravantes que duplican las penas

El texto prevé una serie de circunstancias que duplican los mínimos y máximos de las sanciones. Entre ellas figuran el uso de violencia o amenazas, actuar en zonas de estacionamiento tarifado, aprovechar la vulnerabilidad de la víctima o desarrollar la actividad entre las 18 y las 6, o en zonas escolares, bancarias, comerciales y de edificios públicos.

También se agrava cuando la actividad se despliega en las inmediaciones de eventos públicos masivos: la ley fija un radio de hasta 20 cuadras y abarca desde dos horas antes hasta una hora después del evento.

El golpe a las organizaciones

Uno de los puntos más duros apunta a la actuación organizada. Cuando exista un acuerdo previo entre dos o más personas para desarrollar la actividad, la pena será de diez a veinte días de arresto. Y si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, esa escala puede multiplicarse hasta cuatro veces, con un máximo que llega a los 80 días de arresto.

Prevención e inclusión

La ley también obliga al Poder Ejecutivo provincial a implementar acciones de prevención e inclusión: capacitación y formación en oficios, intermediación laboral y políticas vinculadas con salud mental y consumos problemáticos, en articulación con los gobiernos locales.

Quién aplica las sanciones

La aplicación de las contravenciones quedará en manos de los municipios, que podrán solicitar la intervención policial para desplazar del espacio público a los presuntos infractores. Para que el nuevo régimen funcione, los gobiernos locales deberán adherir mediante las ordenanzas correspondientes.

Rosario se mueve para adherir

El mismo viernes de la promulgación, el Concejo Municipal de Rosario realizó la cuarta mesa de trabajo sobre la problemática de los cuidacoches, con la reciente sanción provincial como eje central. Participó el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, autor de la iniciativa, quien explicó los alcances de la norma y los desafíos para implementarla en la ciudad.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, señaló que la ley establece un marco al que cada municipio deberá adherir y planteó la necesidad de avanzar con una ordenanza para su aplicación en Rosario.

Durante la reunión se analizaron las funciones de la Secretaría de Control y su articulación con la Provincia. Según los datos presentados en la mesa, un relevamiento identificó 1.395 cuidacoches en la ciudad, de los cuales 1.218 se concentran en el área céntrica. Además, durante 2025 se registraron unas 200 detenciones policiales vinculadas con la actividad.

Seisas sostuvo que la nueva legislación busca fortalecer las herramientas de intervención estatal y avanzar, a largo plazo, sobre las organizaciones que operan alrededor de la actividad. En la reunión también se planteó la necesidad de distinguir las situaciones de extorsión vinculadas al cuidado de vehículos de aquellas en las que existe un pedido de colaboración voluntaria, mientras el Concejo comienza a definir el esquema local para adherir a la ley provincial.

La promulgación se concretó mediante el decreto 2121, firmado el viernes 2 de octubre. La iniciativa había recibido sanción definitiva en la Legislatura dos semanas antes, después de que el Senado insistiera con su versión original y descartara las modificaciones de la Cámara de Diputados.