Un gobernador apostó por la Cámara alta para destrabar un proyecto que ya naufragó varias veces. La respuesta oficial cuando le preguntaron por qué eligió esa puerta fue tan corta como llamativa.
El gobernador Maximiliano Pullaro decidió que la reforma del Código Procesal Civil y Comercial ingrese por el Senado y no por Diputados, un movimiento que no pasa desapercibido en el tablero político santafesino. La iniciativa busca transformar de raíz el funcionamiento de la Justicia Civil y Comercial: menos tiempos de proceso, trámites más simples y respuestas judiciales más rápidas y efectivas.
La elección de la Cámara alta como punto de entrada no es un dato menor. En el Senado el oficialismo cuenta con una mayoría alineada, y en la Casa Gris habrían buscado evitar lo que ya ocurrió con la reforma en seguridad, que tuvo a Diputados como cámara de origen y derivó en demoras para la media sanción y rispideces internas dentro de Unidos, puntualmente con el socialismo.
Consultados por La Capital sobre por qué eligieron el Senado, desde el gobierno provincial respondieron con una frase escueta: "Por nada en especial".
Una reforma con historia y varios intentos fallidos
No se trata de un proyecto más. La reforma del código civil y comercial ya acumula varios intentos, y el Partido Socialista fue su precursor. El debate fue amplio, aunque el texto actual difiere de los anteriores y ahora lo impulsa el gobierno provincial.
"Son cambios profundos, como todos los que venimos encarando. Va a llevar tiempo su tratamiento porque el tema lo amerita", señalaron desde el Ejecutivo santafesino.
El recorrido arrancó en noviembre de 2017, cuando el entonces gobernador socialista Miguel Lifschitz y su ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, pusieron en marcha una comisión para redactar un nuevo código. Ese proyecto elaborado por la comisión obtuvo media sanción en Diputados en 2018, pero no logró la aprobación final.
En 2020, ya bajo el gobierno de Omar Perotti, el socialismo volvió a presentar la iniciativa a través de Lifschitz, que en ese momento era diputado, mientras la administración peronista trabajaba en su propio anteproyecto. Ese cruce generó tensión. En 2024 el bloque del PS volvió a ingresar el proyecto con la firma de sus catorce diputados, y Pablo Farías recordó que retomaba el trabajo iniciado en 2017.
Oralidad y jueces con más poder de conducción
Uno de los cambios centrales es el paso de un modelo predominantemente escrito a otro apoyado en la oralidad, las audiencias y la concentración de las actuaciones. La idea es que los jueces tengan mayor contacto directo con las partes, organicen la producción de pruebas y puedan promover acuerdos para resolver los conflictos de manera temprana.
En dos conceptos: oralidad y un magistrado que asume la conducción efectiva del proceso. El proyecto fortalece las facultades de los jueces como directores del procedimiento: podrán adoptar medidas para evitar demoras, ordenar el trámite, prevenir nulidades, concentrar la actividad probatoria y fomentar soluciones consensuadas, siempre sin afectar el derecho de defensa ni la igualdad entre las partes.
También hay modificaciones relevantes en la prueba pericial, con prioridad para los cuerpos especializados del Poder Judicial, y reglas que desvinculan los honorarios de los peritos externos del monto del juicio.
Expedientes digitales y nuevas formas de prueba
Otro eje es la digitalización de los procedimientos. El nuevo código incorpora la gestión electrónica de expedientes y las notificaciones digitales, además de contemplar nuevas formas de prueba vinculadas al entorno tecnológico. La Corte Suprema provincial tendrá a su cargo la implementación de las herramientas y los sistemas informáticos, algo que ya fue incorporando en distintas áreas con éxito.
En cuanto a la estructura de los juicios, se propone un proceso general de conocimiento que unifique reglas y reduzca la cantidad de procedimientos especiales. Se mantienen adecuaciones para materias específicas como familia, sucesiones, causas de menor cuantía y desalojos. También se suman regulaciones particulares para los procesos monitorios y ejecutivos, destinadas a facilitar el reclamo y cobro de determinadas obligaciones.
Eso permite resolver ciertos reclamos respaldados por documentación suficiente mediante una intimación judicial inicial. El requerido tiene diez días para cumplir o formular una oposición fundada. Si no se opone, se dicta sentencia sin necesidad de desarrollar todo un juicio de conocimiento.
Cautelares digitales y el día después de la publicación
La reforma también prevé una regulación más ordenada de la producción y valoración de pruebas, la ejecución de sentencias y la realización de bienes. Entre sus disposiciones se destaca la posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre bienes, registros, activos, plataformas y entornos digitales, con el propósito de garantizar la efectividad de las decisiones judiciales.
Finalmente, el proyecto establece que el nuevo código comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará, en principio, a los procesos que se inicien desde ese momento. Las causas en trámite continuarán bajo la normativa anterior, salvo acuerdo de las partes o decisión fundada del magistrado.
La iniciativa deroga la ley 5.531, vigente desde hace más de seis décadas, y plantea un cambio que, según sus fundamentos, requerirá también una transformación cultural de los operadores judiciales.
