Pullaro pidió "acelerar" y esa misma tarde la Corte le marcó la cancha

El gobernador Maximiliano Pullaro juntó a todo su gabinete este miércoles en Santa Fe bajo un lema que sonó a punto de partida: «Para adelante, impulsamos lo que viene». Ahí les pidió a sus funcionarios meter una marcha más en el tramo de gestión que queda. «Lo peor que nos puede pasar es sentir que ya lo dimos todo. Creo que es momento de acelerar: el tiempo, las ideas, la innovación», les dijo.

La orden no es caprichosa. El calendario electoral de 2027 ya está cerrado: el 12 de febrero vence el plazo para presentar listas, el 18 de abril se votan las PASO y el 13 de junio se hacen los comicios generales. Traducido: la ventana para aprobar leyes y mostrar gestión se reduce a lo que resta de 2026.

La Corte se plantó en pleno

Ese mismo miércoles, pero por la tarde, la reunión conjunta de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de Diputados escuchó a tres organismos: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa y la Corte Suprema provincial. El detalle que llamó la atención fue cómo se presentó el máximo tribunal: los siete ministros dijeron presente.

Daniel Erbetta fue el encargado de poner la objeción de fondo, en clave constitucional. Según su lectura del texto, «hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales de los propios fiscales que entran en conflicto con las normas constitucionales y con los estándares internacionales».

Los puntos que generan más ruido son tres: allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias, declaraciones tomadas sin abogado defensor y la chance de que la policía intervenga teléfonos sin que participe el fiscal.

«No sé hasta qué punto es necesario»

Erbetta fue más allá de la discusión legal y puso en duda la necesidad misma del paquete. «No sé hasta qué punto es necesario ese tipo de modificaciones. Hoy la seguridad ha mejorado notablemente… desde que está vigente el sistema acusatorio se triplicó la tasa de encierro. No es usual», sostuvo.

El dato no es menor en términos políticos: si el sistema que ya funciona da resultados medibles, la pregunta que queda flotando es con qué argumento se justifica cambiarlo.

Una Corte que Pullaro está rearmando

El tribunal provincial tiene siete miembros desde la reforma. En septiembre asumió Diego Maciel en lugar de Eduardo Spuler. Los pliegos de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini ya recibieron el visto bueno de la Asamblea Legislativa en febrero de 2026 y están destinados a cubrir las vacantes de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. Este último ya confirmó que formalizará su renuncia entre el 20 y el 25 de noviembre; Gutiérrez repite que se irá cuando sienta que su ciclo está cumplido.

Con Maciel adentro, la Corte pasó de cuatro a cinco ministros «nuevos» sobre siete (Baclini, Zabalza, Weder y Maciel). Cuando se concreten las salidas de Falistocco y Gutiérrez y las asunciones de Alurralde y Genghini, la cuenta cierra en seis de siete jueces designados durante la gestión de Pullaro.

La paradoja de fondo

La «aceleración» que pidió el gobernador necesita resultados legislativos que engrosen la lista de logros antes de 2027, y la reforma de seguridad es uno de los proyectos más importantes de esa agenda. El problema es que la última palabra sobre su constitucionalidad la tiene la Corte Suprema, y esa Corte la está reconfigurando el propio Pullaro.

Si la reforma se aprueba antes de fin de año y termina en un control de constitucionalidad, el tribunal que la resuelva estará integrado en su enorme mayoría por jueces nombrados por el mismo gobierno que impulsó la ley.

Tras la reunión, la diputada del Socialismo Lionella Cattalini puso el acento en la forma: «hay que adecuar algunas expresiones y párrafos a la normativa internacional y a la norma vigente en la provincia».