Punta Mogotes: sin acuerdo, Provincia y Municipio volverán a sentarse a negociar

La disputa por el futuro de Punta Mogotes sigue sin resolverse. Provincia y Municipio de General Pueyrredon volverán a reunirse el 31 de agosto tras una nueva audiencia judicial que terminó sin acuerdo, aunque con señales de avance en la negociación.

Este martes, en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo del juez Simón Isacch, se desarrolló un nuevo encuentro entre las partes. Por el Municipio asistió el secretario de Legal, Técnica y de Hacienda, Mauro Martinelli; mientras que por la Provincia participó la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez. También estuvieron presentes el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, y de manera virtual los fiscales de Estado adjuntos Guillermo Spacapan y Nicolás Diana.

Si bien ambas partes reconocieron que hubo avances en las conversaciones, no lograron cerrar un entendimiento definitivo. Por eso, solicitaron al juez continuar con el diálogo para intentar acercar posiciones.

¿Qué decidió el juez?

Ante esta situación, Isacch fijó una nueva audiencia para el 31 de agosto a las 12 y prorrogó la suspensión de todos los plazos procesales vinculados al caso. El objetivo es favorecer las instancias de diálogo político y técnico entre las partes.

La convocatoria judicial se originó por la medida cautelar presentada por el Municipio para frenar la licitación de los balnearios y por la demanda principal con la que busca cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) para concretar el traspaso del complejo turístico a la órbita local.

¿Cómo está compuesta la administración?

Actualmente, Punta Mogotes es administrado por la APM, un organismo integrado en un 70% por la Provincia de Buenos Aires y en un 30% por el Municipio. El reclamo comunal para recuperar el control de los balnearios comenzó en agosto de 2024, fue rechazado por la Provincia y derivó en una disputa judicial.

En mayo de este año, el gobierno bonaerense anunció el inicio de un proceso para transferir el complejo a General Pueyrredon. Además, confirmó el llamado a una licitación pública para realizar "obras de modernización integral" y estableció que el Municipio recibiría la administración una vez finalizadas las intervenciones previstas.

Sin embargo, la gestión local rechazó esa propuesta y presentó un recurso de amparo para suspender la licitación hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.