¿Qué cambia para los adolescentes con la nueva ley? Los detalles del encuentro en Corrientes

El Poder Judicial de Corrientes convocó a especialistas bonaerenses para desentrañar los alcances de la Ley Nacional N° 27.801. La jornada expuso las tensiones entre la responsabilización penal y la protección integral de los menores, un debate que redefine el sistema judicial provincial.

Durante ocho horas, magistrados, funcionarios y técnicos del Poder Judicial y del Ministerio Público participaron de la capacitación “Derecho Penal Juvenil”, realizada el lunes 10 de agosto en modalidad híbrida. La sede presencial fue el Salón Auditorio del Área de Capacitación, en 9 de Julio 1099, 9° piso de la capital correntina, mientras que los agentes del interior siguieron la transmisión por Zoom.

La organización estuvo a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Alberto Chaín, y del juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5, Edgardo Frutos, quien también disertó sobre el sistema procesal local implementado en 2025.

¿Quiénes fueron los expositores?

Los disertantes llegaron desde la provincia de Buenos Aires: la jueza Gladys Krasuk, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 1 de Quilmes, y Elbio Raúl Ramos, juez del Juzgado de Garantías del Joven N.° 1 de Berazategui. Ambos compartieron su experiencia en la aplicación de la nueva normativa.

La actividad, avalada por el Acuerdo N.° 22/26, punto 41, del Superior Tribunal de Justicia, profundizó en los cuatro pilares del sistema: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de La Habana.

¿Qué cambios introduce la Ley 27.801?

Uno de los ejes fue la modificación de la edad de imputabilidad, que ahora se fija en 14 años. También se debatió la implementación de un sistema acusatorio y la búsqueda de mayor celeridad procesal. Los especialistas marcaron las contradicciones entre el enfoque de protección integral y las corrientes neocorreccionalistas que pujan por respuestas más punitivas.

El artículo 5 de la ley fue otro punto de análisis: allí se establecen principios como el trato digno y la exigencia de defensores y operadores judiciales especializados en la materia. La capacitación insistió en que la especialización es clave para respetar los derechos de los adolescentes en el proceso penal.

El desafío de equilibrar dos mandatos

Los disertantes remarcaron la necesidad de conciliar la responsabilización del joven frente al delito con la obligación estatal de garantizar su protección integral. En ese marco, se subrayó que las condiciones de vulnerabilidad —como el acceso limitado a educación o salud— deben ser consideradas en cada caso.

Se impulsaron medidas reparatorias y respuestas socioeducativas, dejando la privación de libertad solo para los supuestos que la ley contempla. El objetivo final, señalaron, es favorecer la inclusión y la reinserción social del adolescente.

Finalmente, se planteó la urgencia de reforzar la coordinación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y los municipios mediante convenios que optimicen los recursos destinados a la niñez y adolescencia.