¿Qué destino tuvieron millones retirados de cuentas oficiales? La oposición exige respuestas tras un fallo judicial.

La Justicia Federal archivó una causa por el retiro de casi $37.000 millones de municipios tucumanos, pero legisladores opositores denuncian falta de transparencia y cuestionan la administración de esos fondos públicos. El fallo, que determinó la inexistencia de delitos en las extracciones realizadas entre 2023 y 2024 bajo la modalidad “cheque por ventanilla”, no ha calmado las críticas sobre el manejo de los recursos.

El presidente del bloque Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, objetó la decisión judicial. “Que una causa se archive por falta de pruebas no significa que los hechos estén esclarecidos. Significa que no se pudo probar un delito, pero no responde a la pregunta central: qué se hizo con esos fondos”, declaró.

Bussi consideró que persisten serias dudas y afirmó que no se han mostrado recibos que justifiquen el destino del dinero. “Basta recorrer esas ciudades para ver que ese dinero no fue destinado a obras, ni a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, cuestionó.

¿Una práctica habitual o un problema sistémico?

Ex intendentes explicaron que la operatoria que motivó la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) es habitual. Dijeron que los fondos se usan para asistencias urgentes, como medicamentos, y que se probó la trazabilidad de los dineros, con expedientes para cada desembolso y aprobación de los órganos de contralor.

Sin embargo, la legisladora radical Silvia Elía de Pérez consideró preocupante que se justifiquen estas prácticas como habituales. “Si lo habitual es retirar millones en efectivo sin trazabilidad, entonces estamos frente a un problema mucho más profundo: un sistema que naturaliza la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos”, fustigó.

Remarcó que continuarán exigiendo transparencia, controles reales y rendición de cuentas. “Gobernar no es solo no cometer delitos, es administrar con honestidad, de cara a la gente y con reglas claras que no dejen lugar a sospechas”, acotó.

Críticas a la investigación judicial

José Macome apuntó contra la Justicia Federal por desestimar las pruebas aportadas por la Procelac y la Unidad de Información Financiera. “Aprobar una cuenta de inversión no es un certificado de honestidad; sabemos que en esos municipios los Concejos funcionan como escribanías del intendente”, disparó.

Calificó el cierre de la investigación como un “retroceso institucional gravísimo” y una señal de “impunidad selectiva”, apuntando contra el funcionario judicial Rafael Vehils Ruiz. “El fiscal no investigó lo suficiente”, declaró.

El presidente del bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, dijo que si la Justicia Federal concluyó que no hay delito, debe suponerse que es así. La determinación fue tomada por el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez a instancias del fiscal.

Sin embargo, Viña apuntó contra la disparidad en la distribución de fondos para municipios según su afinidad con la Casa de Gobierno. “Con o sin comprobantes, es un despropósito que algunos municipios reciban millones para dádivas o ayudas sociales discrecionales”, embistió.

Reclamos de claridad y reforma

El radical Agustín Romano Norri reclamó claridad y transparencia, señalando que el dictamen habla de una “displicencia en la operatoria” y un “manejo arbitrario de recursos”. “Que un hecho no sea un delito no significa que sea correcto ni mucho menos transparente”, expresó.

Mencionó que en municipios como Banda del Río Salí o Alberdi, las extracciones masivas ocurrieron en fechas sospechosamente cercanas a los comicios de 2023. “Necesitamos una reforma política profunda que elimine estos ‘agujeros negros’ financieros”, propuso.

El legislador Manuel Courel consideró gravísimo que se haya determinado el archivo de la causa sin abrir una investigación. “El mismo dictamen del fiscal está admitiendo que ha habido desprolijidades administrativas. Realmente es muy grave que la Justicia no haya hecho lugar a la investigación”, arremetió.

Courel afirmó que en Tucumán no se investigan los casos de corrupción y que seguirán denunciando las arbitrariedades. Los municipios mencionados en la causa incluyen Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros.