¿Qué dijo el canciller israelí sobre una decisión del gobierno local?

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, respaldó públicamente este jueves una medida del gobierno local que generó una reacción inmediata. La decisión, anunciada por la Cancillería, implica una expulsión diplomática que debe ejecutarse en un plazo muy corto.

La medida fue leída por Tel Aviv como un nuevo gesto de alineamiento geopolítico por parte de la Casa Rosada. El diplomático afectado deberá abandonar el país en las próximas 48 horas.

Un respaldo explícito desde Israel

Así lo expresó en sus redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien respaldó la “valiente e inspiradora decisión” de su par local, Pablo Quirno, “bajo el liderazgo” de Javier Milei. “Entre los motivos de esta decisión se encuentran la persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial local en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, y el nombramiento de personas buscadas por la justicia local para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”, señaló Sa’ar, citando el comunicado oficial del Gobierno.

En ese sentido, el canciller israelí enfatizó que el país “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”. Y sentenció: “El régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; es la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales. No es legítimo. Punto”.

El contexto de una ruptura diplomática

La decisión de expulsar a Mohsen Soltani Tehrani del país fue anunciada esta mañana por la Cancillería que conduce Pablo Quirno en medio de una profundización de la ruptura con Teherán. La tensión entre el Gobierno local y el régimen iraní se intensificó esta semana, luego de que la administración de Javier Milei decidiera incorporar al registro de organizaciones terroristas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Se trata del poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que hoy controla gran parte de los hilos del país. Además del mensaje geopolítico para Donald Trump que contenía la medida, el Gobierno argumentó el rol del régimen de Irán en la planificación, financiación y ejecución de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”: los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, que dejaron más de 100 muertos y cientos de heridos.

La incorporación del CGRI al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. La determinación provocó la furia de Irán, que publicó un duro comunicado contra el Gobierno local.

La reacción furiosa desde Teherán

“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre el país e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno local”, lanzó el gobierno islámico en un comunicado difundido a través de su embajada en Uruguay. Allí, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó la “acción ilegal” e “inapropiada” del Gobierno libertario, “que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos”.

En ese sentido, el gobierno de los ayatollah sostuvo que la declaración local es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní“, y advirtió que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.

Como respuesta, la Cancillería que comanda Quirno aseguró que “dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento juridico nacional”. Por eso, el Gobierno enfatizó que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.

Y agregó: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, asi como con el pleno respeto del derecho internacional”.