¿Qué esconden las cuatro reformas que impulsa el Gobierno?

Un informe de la consultora Politiké destapó la verdadera intención detrás del proyecto de ley que promete blindar la propiedad privada: desmantelar la regulación estatal sobre la tierra y abrirle la puerta al capital, incluso extranjero.

La iniciativa, presentada por el Gobierno nacional, toca cuatro normas clave: la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de desalojos. Según el análisis, no son simples ajustes técnicos, sino una misma lógica: achicar el Estado y agrandar el mercado.

El punto más caliente: tierras en manos extranjeras

Uno de los cambios más sensibles es la eliminación de los límites que fija la Ley 26737 para que extranjeros compren tierras rurales. Si se aprueba, desaparecerían los topes nacionales que hoy frenan la concentración de grandes extensiones productivas.

El informe advierte que provincias como Formosa, que hoy tienen bajos niveles de extranjerización, perderían una herramienta legal fundamental para proteger su territorio.

Expropiaciones: más caras y más difíciles

En materia de expropiaciones, el proyecto restringe el concepto de utilidad pública, obliga a indemnizar el lucro cesante comprobado y limita a 90 días las ocupaciones temporarias del Estado. Para Politiké, esto encarecería y complicaría las obras públicas y cualquier intervención por interés social.

Incendios: el negocio detrás del fuego

Otra modificación que preocupa es la de la Ley de Manejo del Fuego. Se elimina la prohibición de vender o cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 años. Esto, según el informe, debilita el freno a los incendios provocados con fines especulativos: los terrenos quemados podrían valorizarse rápido en el mercado inmobiliario.

Desalojos exprés: ¿y las garantías?

El proyecto también crea un procedimiento de desalojos anticipados. Los jueces podrían ordenar la restitución de un inmueble antes de la sentencia definitiva si consideran creíble el derecho del reclamante. La única protección es un plazo de diez días para familias con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin otra vivienda.

El resto de los ocupantes quedaría expuesto a ser desalojado sin que termine el proceso judicial. Para la consultora, esto reduce las garantías de defensa de manera alarmante.

En resumen, el informe concluye que, aunque el proyecto se vende como una defensa de la propiedad privada, sus efectos reales favorecerían a los sectores con más poder económico, en perjuicio de la regulación territorial, el ambiente y el derecho a la vivienda de los más vulnerables.