¿Qué esconden los servidores judiciales? Río Negro estudia mudar todo a la nube

El Poder Judicial de Río Negro podría dar un salto tecnológico histórico: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) autorizó a la Dirección General de Sistemas a evaluar una migración progresiva de todos sus sistemas informáticos hacia la nube. La decisión final aún no está tomada, pero el estudio ya está en marcha y podría transformar por completo la infraestructura tecnológica provincial.

La iniciativa, que se encuentra en una etapa preliminar de factibilidad, busca reducir la dependencia de los centros de datos físicos distribuidos en distintas localidades. El análisis contempla aspectos técnicos, jurídicos, económicos y de seguridad, además de las condiciones contractuales con eventuales proveedores de servicios en la nube.

¿Por qué ahora?

La estructura informática actual se expandió notablemente a partir de la Reforma Procesal Penal de 2017. Desde entonces, el Poder Judicial instaló seis centros de datos y sumó servidores y equipos de telecomunicaciones en al menos otras ocho localidades. Esta infraestructura fue clave para sostener los servicios frente a las limitaciones de conectividad que existían en diferentes puntos de la provincia.

Sin embargo, mantenerla operativa requiere tareas permanentes de administración, monitoreo, respaldo y actualización, además del mantenimiento de baterías, grupos electrógenos, sistemas eléctricos y equipos de refrigeración. Un costo que, según los primeros estudios, podría reducirse con la nube.

La comparación que sorprende

Como parte de los estudios preliminares, el Área de Informatización de la Gestión Judicial comparó tres alternativas para los próximos cinco años: adquirir nueva infraestructura, alquilar hardware o recurrir a servicios de computación en la nube. Dentro del escenario económico analizado, el uso de Amazon Web Services (AWS) presentó el menor costo estimado, según el estudio realizado.

Otro de los aspectos considerados es la posibilidad de ajustar la capacidad informática de acuerdo con el consumo efectivo. Este modelo permitiría ampliar o reducir recursos de procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos según las necesidades de cada servicio.

¿Qué pasará con los datos?

La Dirección General de Sistemas deberá profundizar ahora el análisis de las condiciones necesarias para una eventual migración. Entre otros puntos, se estudiarán las características de los servicios, los contratos con los proveedores, la seguridad de la información, la administración de los datos y los requisitos legales aplicables.

También se realizará un relevamiento de servidores, aplicaciones, bases de datos, archivos, integraciones, licencias y dependencias. Con esa información se podrá determinar qué sistemas podrían trasladarse a la nube, qué modificaciones serían necesarias y bajo qué condiciones podría realizarse una transición.

La migración sería gradual

En caso de confirmarse la factibilidad y de avanzar posteriormente con el proyecto, la migración sería progresiva. Los sistemas de menor complejidad y con pocas dependencias podrían utilizarse como primeras experiencias para evaluar costos, rendimiento, seguridad y configuraciones antes de avanzar sobre servicios más críticos.

La capacitación del personal también forma parte del análisis. Una eventual implementación requeriría formación en arquitectura de nube, automatización, seguridad, administración de permisos, monitoreo, control del consumo y respuesta ante incidentes.

¿Y mientras tanto?

Mientras se desarrolla esta evaluación, los actuales centros de datos continuarán funcionando. Incluso ante una eventual migración, parte de la infraestructura podría mantenerse durante el período de transición y conservar equipos de telecomunicaciones u otros componentes necesarios para garantizar la continuidad de los servicios.

La propuesta contempla además el análisis de entornos diferenciados para el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público. Desde el Poder Judicial aclararon que la autorización constituye una instancia previa a cualquier decisión de contratación. Una eventual implementación deberá ajustarse a las condiciones técnicas y jurídicas que surjan del estudio y a los procedimientos administrativos correspondientes.