¿Qué escondían en sus celdas? El insólito pedido que destapó una red de extorsión en Villa Urquiza

Una simple denuncia por extorsión destapó una trama que podría costarle caro a los hermanos Caro. Les habrían pedido U$S 25.000 o una camioneta a cambio de protección dentro del penal de Villa Urquiza, y ahora la Justicia investiga si gozaban de privilegios indebidos en la cárcel.

El caso salió a la luz cuando los hijos de Marcos Nacif, procesado por transportar 470 kilos de cocaína, denunciaron que su padre estaba siendo víctima de extorsión. Según el expediente, los Caro le habrían exigido esa suma de dinero o una Renault Oroch para garantizarle seguridad mientras estuviera preso.

La denuncia activó un operativo que incluyó allanamientos en las celdas de los sindicados y el secuestro de al menos dos teléfonos celulares. Pero el hallazgo más llamativo fue otro: los hermanos Caro ocupaban las mejores celdas de la unidad y tenían un televisor, algo poco habitual y que requiere una autorización especial.

¿Cómo se gestó la extorsión?

Marcos Nacif fue detenido el 5 de junio en el sur de Tucumán con 470 kilos de cocaína. Tras ser indagado, el juez federal José Manuel Díaz Vélez le dictó la prisión preventiva y ordenó su traslado a Villa Urquiza, donde también cumplen penas Walter, Francisco y Emanuel Caro.

Antes de cumplir un mes en prisión, los hijos de Nacif, con el patrocinio de los abogados Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), denunciaron que su padre estaba siendo extorsionado. Los Caro le habrían exigido U$S 25.000 o una camioneta para que continuara alojado en ese sector y bajo su protección.

Los denunciantes dijeron que, si no cumplían, amenazaban con enviarlo a un pabellón con personas con problemas de adicciones y sin protección. Uno de los hijos relató que su padre le presentó a los Caro y luego le contó que lo amenazaban con una punta carcelaria y con hacerle daño o impedirle dormir.

Las llamadas que complican al clan

La investigación cuenta con conversaciones telefónicas entre Nacif y sus familiares, que se habrían realizado con celulares en poder de los Caro. “No quiero salir con los pies para adelante de esta cárcel. Por eso, la camioneta no me la voy a llevar a la tumba”, dijo Nacif en una de las grabaciones.

En otro tramo, pidió a sus familiares que no acudieran a la Policía, abogados o jueces, y les indicó que llevaran los papeles de la camioneta durante una visita para realizar la transferencia del vehículo mediante una escribanía. Los familiares también recibieron mensajes de WhatsApp configurados para ser escuchados una sola vez, pero lograron registrarlos y aportarlos a la causa.

Allanamientos y privilegios sospechosos

El fiscal Diego López Ávila impulsó dos medidas. Por un lado, obtuvo autorización para allanar las celdas de los denunciados, donde secuestraron al menos dos celulares. También se detectó que los Caro estaban en las mejores celdas y tenían un televisor, algo que abogados penalistas señalaron como inusual y que debería tener una autorización especial.

Además, indicaron que la entrega de medicamentos corresponde al personal del Servicio Penitenciario y no a otros detenidos. Durante la pandemia, los internos estuvieron autorizados a usar celulares para comunicarse con sus familiares, pero bajo control y en horarios determinados. En este caso, la sospecha es que los dispositivos estaban dentro de sus celdas.

El operativo que se cayó

La segunda medida consistió en vigilar a la mujer que supuestamente debía recibir la transferencia de la camioneta en una escribanía del centro. La sospechosa, que sería pareja de uno de los denunciados y pariente de Walter “Petiso David” Lobos, no se presentó. Los investigadores creen que pudo haber sido advertida.

Los abogados calificaron el episodio como grave y destacaron la rapidez de la fiscalía. La Justicia dispuso medidas de protección para Nacif y sus hijos, y el procesado fue trasladado de unidad y quedó bajo custodia permanente.

Los antecedentes del clan Caro

Los Caro son oriundos del barrio Victoria y fueron condenados en la causa “La industria del escruche”, liderada por Miguel “La Gata” Lizárraga. En esa investigación, se determinó que la familia había experimentado un crecimiento económico notable, pasando de ser vendedores ambulantes a exhibir una vida de lujo en redes sociales.

También organizaban festivales y repartían alimentos en el barrio, acciones que los investigadores consideraban destinadas a comprar silencio. En esa misma pesquisa se analizaron posibles contactos con policías y empleados judiciales que les habrían dado información o protección.

Marcos y Francisco Caro fueron condenados por el homicidio de un adolescente en 2018, y sus nombres aparecieron vinculados a investigaciones por narcotráfico, aunque no fueron procesados por esos hechos. Tras la nueva denuncia, existe la posibilidad de que sean trasladados al penal de Benjamín Paz.