¿Qué hará el Gobierno tras el fallo judicial? La estrategia que ya preparan los equipos jurídicos

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero desde el Ejecutivo ya preparan una apelación. Los equipos jurídicos de Nación trabajan sobre los expedientes para definir una estrategia judicial y una salida administrativa.

El fallo ratifica la aplicación de la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. La norma ordena actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación.

El Gobierno planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal. En la Casa Rosada esperan que esa vía sea rechazada y planean luego elevar la queja ante la Corte Suprema.

La aplicación “por goteo”

El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.

En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínimos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.

El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC.

La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.

El intento previo de frenar la ley

En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes.

Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.

El Ejecutivo buscará modificar en el mediano plazo la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No intentará derogarla, sino impulsar una iniciativa para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado.

Esa hoja de ruta ya había empezado a tomar forma en febrero, cuando el oficialismo aseguraba que tenía los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.

El antecedente que miran

El antecedente que miran en la Casa Rosada es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminaron reglamentando por decreto luego de semanas de tensión judicial y administrativa, sin resignar su posición política sobre el fondo del asunto. Es por eso que en Balcarce 50 no descartan una reglamentación también para universidades.