¿Qué pasará con el juez Lima? El paso a paso del pedido de destitución que ya avanza en Diputados
El juez Marcelo Lima enfrenta un pedido de destitución que ya avanza en Diputados. ¿Qué argumentos esgrime el denunciante y cómo sigue el proceso?
El juez de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, está en la mira. La Cámara de Diputados ya activó el proceso de juicio político en su contra y ahora espera ser notificado formalmente para presentar su descargo. ¿Qué sigue?
Todo comenzó con una denuncia del abogado Nicolás Fiorentino, quien acusa al magistrado de no haberse apartado del Jurado de Enjuiciamiento contra el camarista civil Sergio Rodríguez. Según Fiorentino, entre Lima y Rodríguez existiría una presunta amistad íntima que comprometería su imparcialidad.
¿Cuál es el origen de la denuncia?
El conflicto se remonta a un litigio entre dos empresas privadas por un monto superior a 74.000 dólares. Fiorentino representa a la parte demandada y sostiene que Lima debió excusarse de intervenir en el jury contra Rodríguez por ese vínculo.
Pero desde el entorno del juez niegan todo. Aseguran que no hay tal amistad íntima y que, de hecho, Lima adoptó decisiones contrarias a los criterios de Rodríguez en causas donde ambos intervinieron, lo que demostraría su independencia.
¿En qué instancia está el proceso?
La Sala Acusadora de Diputados ya remitió la denuncia a la Comisión Investigadora. Ese cuerpo tiene 40 días para analizar el planteo, hacer las diligencias y emitir un dictamen. La comisión está integrada por los oficialistas Alejandra Leonardo y Marcela Quiroga, y por la oposición Sonia Ferreyra, Mario Herrero y Marisa López. Se espera que se reúnan el próximo miércoles para avanzar con el expediente.
No es la primera vez que Fiorentino impulsa este tipo de acciones. También promovió pedidos de jury contra otros magistrados como el propio Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Adriana Tettamanti, aunque algunas de esas denuncias penales fueron desestimadas.
Ahora, la pelota está del lado de Lima, que aguarda la notificación oficial para ejercer su defensa, mientras los diputados deberán decidir si hay elementos para seguir adelante con el juicio político.