Qué pasará con las internaciones involuntarias: la advertencia de un sanitarista mendocino

El Senado vota la reforma de la Ley de Salud Mental y un sanitarista mendocino marcó dónde está el punto más delicado: ¿quién debe decidir una internación involuntaria?

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Qué pasará con las internaciones involuntarias: la advertencia de un sanitarista mendocino
Qué pasará con las internaciones involuntarias: la advertencia de un sanitarista mendocino

El Senado de la Nación tratará este jueves la reforma de la Ley de Salud Mental y el debate pone el foco en un punto sensible: cómo se disponen las internaciones involuntarias y qué peso tienen los derechos de los pacientes en esa decisión. Sobre ese escenario opinó el médico sanitarista Enrique “Quique” Quesada, consultor en gestión de salud pública en Mendoza, que pasó por Café 617 para analizar los cambios que se vienen.

Para Quesada, el asunto no se agota en una especialidad médica. La ley nacional se sancionó en 2013 y amplió derechos, aunque su aplicación en las provincias quedó corta. Esa brecha, sostuvo, es la que hoy habilita la discusión por una reforma.

“Puede ser que con el tiempo que ha pasado y con una aplicación regular, insuficiente y deficiente en las provincias, pueda ser que necesite alguna reforma”, planteó el especialista durante la entrevista.

Quién decide una internación involuntaria

Uno de los ejes del debate es el procedimiento para ordenar una internación involuntaria. La normativa vigente exige la intervención de un equipo interdisciplinario, con profesionales de distintas áreas de la salud, y Quesada defendió ese mecanismo.

Según su lectura, ese esquema evita que una determinación de semejante peso quede en manos de una sola persona. “Yo creo que es importante que las decisiones se tomen no a través de la decisión de una sola persona, sino a través del equipo interdisciplinario”, afirmó.

El cierre de los psiquiátricos y qué debe venir antes

La conversación también abordó el cierre de los hospitales psiquiátricos tradicionales. Quesada advirtió que la transformación no puede avanzar sin dispositivos alternativos ya funcionando y trajo como referencia la experiencia italiana, un proceso que, a su criterio, se hizo de manera abrupta y trajo complicaciones.

El médico enumeró qué hace falta antes de reducir camas de internación: centros ambulatorios, casas de medio camino, espacios de tratamiento y servicios de salud mental dentro de los hospitales generales. Esas piezas, dijo, tienen que estar disponibles primero.

En el caso de Mendoza, señaló que los hospitales El Sauce y Carlos Pereyra no tuvieron históricamente el perfil de instituciones de encierro en el sentido clásico. También valoró el desarrollo de servicios de salud mental en hospitales generales, entre ellos el de San Rafael, y consideró que ese camino debe continuar.

Enrique Quique Quesada, médico sanitarista

Crónicos y episodios agudos: no todos los casos son iguales

Quesada remarcó que los pacientes no atraviesan las mismas situaciones. Por un lado están los padecimientos crónicos, que pueden requerir internaciones más prolongadas. Por otro, los episodios agudos, como los vinculados a las adicciones, que necesitan atención inmediata y tratamientos más breves.

A eso sumó otra dificultad: el estigma que todavía rodea a la salud mental. Según planteó, esa mirada aparece incluso dentro de algunas instituciones y frena que los hospitales generales incorporen de lleno la atención de estos pacientes.

La fragmentación, el problema de fondo del sistema

Más allá de la reforma, el sanitarista analizó el funcionamiento del sistema sanitario argentino y apuntó a la falta de coordinación entre el sector público, las obras sociales y la medicina privada. Esa división, explicó, complica organizar la atención y aprovechar los recursos que ya existen.

“El principal problema que tiene el sistema de salud, no en Mendoza solo, sino en general en la Argentina, es que es un sistema muy fragmentado”, sostuvo.

En esa línea, consideró que mejorar la gestión es clave para usar mejor los recursos, incluso con restricciones presupuestarias. También defendió la recuperación de los costos de atención que el Estado brinda a personas con obra social o prepaga: esos fondos, dijo, pueden destinarse a quienes no tienen cobertura médica.

Por último, subrayó la necesidad de articular los recursos que ya están en municipios, áreas sociales, educación y salud. Con mayor coordinación, concluyó, se podrían dar respuestas más adecuadas tanto para los problemas de salud mental como para otras necesidades de la población.

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