Quedó 16 horas en una comisaría de Yuto y lo hallaron sin vida: ahora la familia va a la Corte
16 horas detenido, sin comida y con una orden de liberación que nadie ejecutó: así terminó la vida de Gabriel Bautista en una comisaría de Yuto. La familia no se rinde y llevó el caso a la Corte Suprema.
El abogado que representa a la familia de Gabriel Bautista no piensa quedarse de brazos cruzados. Carlos Sebastián Espada confirmó que presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que dejó sin responsabilidad a la provincia por la muerte del joven en la comisaría de Yuto, en abril de 2024.
Para el letrado, la resolución judicial es "absolutamente sesgada" y pasó por alto las irregularidades que rodearon la detención y la posterior muerte de Bautista.
Una madrugada que terminó en tragedia
Según la reconstrucción de la querella, Bautista fue aprehendido cerca de la 1 de la madrugada del 21 de abril de 2024. El argumento oficial fue una supuesta averiguación de antecedentes. Sin embargo, en el libro de novedades de la seccional ya estaban asentados sus datos filiatorios completos y los de su madre, lo que desarma esa excusa.
A las 8 de esa misma mañana se dispuso una orden formal de liberación. Los efectivos policiales nunca la ejecutaron. El joven permaneció detenido, incomunicado y sin recibir alimento durante 16 horas. Cerca de las 17, fue encontrado ahorcado con una prenda de vestir de mujer cuya procedencia jamás se pudo aclarar.
Imputaciones y un fallo bajo la lupa
La investigación penal sigue su curso y mantiene imputados a varios policías por delitos graves: privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
Pese a ese cuadro procesal, el fallo cuestionado rechazó el reclamo de la madre de Bautista. El tribunal se limitó a considerar que la requisa inicial había sido correcta. Para Espada, ese enfoque técnico deja de lado la responsabilidad estatal en la custodia del detenido, la falta de alimento y el incumplimiento de la orden de liberación.
El abogado calificó el caso como uno de los hechos de violencia institucional más graves de los últimos tiempos en la provincia. Ahora, la familia espera que la Corte Suprema revise la decisión y se pronuncie sobre el fondo.