Quería cumplir prisión domiciliaria en su casa, pero un detalle clave lo complicó

La Justicia le negó a Richard Salazar, imputado por el homicidio de Julián Salvo en El Bolsón, el pedido para cumplir la prisión preventiva en su propio domicilio. El hombre argumentó que necesitaba trabajar y cuidar a su hijo, pero la fiscalía se opuso al advertir que los testigos del caso viven en la casa contigua.

Salazar está detenido desde octubre de 2025, cuando atacó y mató a puñaladas a Salvo en la vía pública, tras un altercado que habría estado vinculado a una transacción de drogas. El mes pasado logró la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que cumple en la vivienda de una mujer conocida de su familia, en otro barrio de la localidad.

En la audiencia de este martes, presidida por el juez de Garantías Víctor Gangarrosa, la defensa solicitó que Salazar pudiera mudarse a su casa, donde aseguró que contaba con herramientas para realizar trabajos de carpintería y podría ocuparse de su hijo, que hoy está al cuidado de la abuela, quien también tiene obligaciones laborales.

Los argumentos de la defensa

La defensora particular sostuvo que la prisión preventiva en una vivienda alejada “es difícil de sostener para la familia” y remarcó que su cliente tiene claras las restricciones impuestas, incluida la “prohibición de acercamiento” a los testigos.

“Me gustaría poder trabajar, ayudar a mi hijo y a mi familia”, dijo Salazar al tomar la palabra, y agregó: “Estoy en pausa, sin ingresos. Es muy feo pasar esta situación”. El imputado aseguró que no tenía intenciones de entorpecer la investigación y ofreció las claves de las cámaras de seguridad de su casa para que la Justicia o el servicio penitenciario pudieran controlarlo.

La postura de la fiscalía

El fiscal José Luis Torchia se opuso de manera tajante al traslado, al considerar que la vivienda de Salazar está “pegada” al domicilio de los testigos, lo que haría “inviable” la medida. Sostuvo que los riesgos procesales que se evaluaron al otorgarle la prisión domiciliaria “no disminuyen con el mero traspaso del tiempo” y que “el buen comportamiento” no alcanza para modificar la decisión.

Torchia advirtió que, si lo reubican, Salazar podría “interceder o influenciar en el ánimo de testigos”. La defensa intentó rebatir ese argumento al calificarlo como “una mera hipótesis”, pero sus dichos no fueron suficientes.

El juez Gangarrosa consideró que la solicitud era “controvertida” y se apoyó en la investigación aún inconclusa. Dio por demostrado que la distancia “muy cercana” entre la casa del imputado y la de los testigos era un factor determinante, y señaló que “la posibilidad de influir resulta patente”. Así, rechazó el cambio de domicilio.

Un nuevo revés para Salazar

El fallo de este martes se suma a otros dos reveses que sufrió la defensa en el marco del proceso. Hace tres meses, el juez César Lanfranchi rechazó un pedido de pericia psiquiátrica, que sería abonada por la propia Justicia, para intentar demostrar que el imputado actuó bajo un “stress agudo” al momento del ataque.

Antes, la defensa también había fracasado en su intento de lograr un cambio de calificación para que el hecho se investigara como un homicidio cometido en “legítima defensa”.