Quería salir de la cárcel por su trabajo en una avícola: la Justicia le dijo que no

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Darío Rubén Jacquemain, un trabajador avícola de 54 años procesado por narcotráfico. El hombre había argumentado que su presencia en su casa era necesaria para cuidar a sus nietos y que tenía un empleo en la empresa Granja Tres Arroyos, pero los jueces consideraron que esos motivos no alcanzan ante la gravedad de la causa.

La resolución, firmada el 1° de septiembre por las juezas Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y el juez Mateo José Busaniche, confirmó lo dictado el 22 de julio. Así, Jacquemain seguirá detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación por un delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Cómo se inició la causa

La investigación comenzó el 15 de octubre de 2025, cuando Jacquemain fue detenido. Un mes después, el Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay ordenó su procesamiento, medida que la Cámara confirmó el 18 de diciembre. El hombre no registraba antecedentes penales.

El caso se apoya en un allanamiento a su vivienda en el que la policía secuestró 2.070 gramos de cocaína, una máquina contadora de billetes, cinco celulares y nueve pendrives. Para la fiscalía y los jueces, ese hallazgo constituye un cuadro de pruebas contundente que descarta cualquier participación secundaria.

El pedido de la defensa

El 1 de julio, la defensora pública oficial Noelia Quiroga solicitó la prisión domiciliaria para Jacquemain. Sostuvo que el encierro resultaba desproporcionado porque la investigación estaba casi concluida y solo faltaban las pericias telefónicas. Pero el argumento central fue la situación familiar: cuando detuvieron al hombre y a su esposa, su hija quedó a cargo de dos niños pequeños, uno de seis meses y otro de ocho años.

La defensa señaló que la mujer no tiene empleo formal, cobra solo la asignación del bebé y carece de redes de contención. Según ese planteo, la presencia del procesado en la casa permitiría que su hija pudiera salir a trabajar. Además, se invocó el arraigo laboral: Jacquemain trabajaba desde 1993 en Granja Tres Arroyos S.A., donde cobraba 800.000 pesos quincenales, aunque la empresa está paralizada y el empleado quedó con el puesto reservado pero sin cobrar.

Posturas enfrentadas

La solicitud generó opiniones divididas entre los representantes estatales. Silvana Davite, del Ministerio Público Pupilar, se mostró a favor de otorgar el beneficio para proteger el interés superior de los menores. En cambio, la fiscal general ad hoc María Elena Nerone pidió rechazarlo de plano.

Nerone argumentó que los dos kilos de cocaína incautados en la casa impiden relativizar la participación del acusado. También cuestionó que exista una desprotección real, ya que la familia cuenta con vivienda, ingresos y la niña está escolarizada. Para la fiscal, otros familiares podrían colaborar con el cuidado de los chicos, y la crisis de la avícola debilita el arraigo laboral.

Finalmente, los camaristas coincidieron con esa postura y ratificaron la prisión preventiva. Consideraron que los argumentos de la defensa no eliminan los riesgos procesales y que la gravedad del delito de narcotráfico organizado pesa más que las consideraciones familiares o laborales.