Quería un ascenso en la UNSJ y fabricó 33 certificados: el detalle que la delató

La ambición por alcanzar un puesto jerárquico dentro de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) terminó en una condena penal para Marcela Ivana Díaz, una trabajadora no docente que llevó a cabo una elaborada maniobra de falsificación. Esta semana, la jueza Eliana Rattá, del Tribunal Oral Federal de San Juan, homologó un acuerdo de juicio abreviado en el que Díaz aceptó su culpabilidad por el delito de falsificación de documento público y el uso del mismo, recibiendo una pena de un año de prisión en suspenso.

El caso, que comenzó a gestarse en abril de 2017, destapó un complejo ardid diseñado para manipular el sistema de puntajes de la universidad.

Una competencia que escondía una trampa

El entonces decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Raúl García, había convocado a un concurso cerrado interno para cubrir el cargo de Director Administrativo, de categoría 02 y en planta permanente. Al certamen se presentaron solo dos aspirantes: Alicia Del Carmen Vera y Marcela Ivana Díaz.

Fue en la etapa de revisión de antecedentes donde la maniobra delictiva quedó expuesta. Vera, al analizar el legajo de su competidora, detectó graves inconsistencias que derivaron en la impugnación de la documentación. La investigación posterior, impulsada por el fiscal federal Francisco Maldonado, dejó al descubierto el modus operandi de la imputada.

Firmas imitadas y un detalle que la incriminó

Según determinó la investigación, Díaz confeccionó y firmó de su propio puño y letra los certificados. Los peritajes realizados por la Agrupación X San Juan de Gendarmería Nacional confirmaron que la caligrafía en los documentos presentaba claras similitudes con la escritura de la acusada. Había imitado las firmas de autoridades como la licenciada Nora Goransky y el exdirector del Departamento de Ciencias Económicas, Alfredo Rossi.

La magnitud del engaño no fue menor. Entre los 33 certificados señalados como truchos figuraban rúbricas falsificadas del propio decano Raúl García, además de exsecretarios y directores de distintas áreas como Ricardo Coca, Miguel Cortes, Alicia Avellaneda, Jorge Gutiérrez y Eduardo Vargas. Al ser consultados, todos desconocieron categóricamente haber firmado dichos papeles.

A esto se sumaron inconsistencias temporales y académicas que resultaban inverosímiles. La acusada acreditó una carga horaria asombrosa de 300 horas de capacitación en un solo año, exhibiendo además capacitaciones supuestamente realizadas entre siete y nueve años atrás, pero cuyos certificados habían sido expedidos convenientemente justo antes de la competencia. Aún más grave, el informe de la UNSJ determinó que los cursos en cuestión estaban destinados exclusivamente a profesionales o docentes, un perfil que Díaz no poseía al ocupar un rol netamente administrativo.

La denuncia y el final del caso

El caso estalló formalmente el 28 de diciembre de 2017, cuando los representantes de la Dirección de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano y Claudio Tracchia, se constituyeron como querellantes y radicaron la denuncia.

Durante la instrucción, los peritos de Gendarmería solo pudieron analizar seis documentos originales, ya que el resto había sido astutamente presentado en fotocopias, lo que impedía un análisis caligráfico de precisión. Sin embargo, el fiscal Maldonado fue contundente y sostuvo que el único afán de Díaz era obtener un beneficio personal y una ventaja ilícita con la intención de acrecentar el puntaje requerido para ganar el concurso contra su compañera.

Acorralada por el peso de la prueba y a las puertas de enfrentar un juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal, la defensa de la empleada optó por negociar un juicio abreviado.