Quiebra de Bioceres: la Justicia confirmó el colapso de una empresa que debe 138 millones de dólares

Un fallo judicial en Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA, tras el pedido de la propia empresa que no pudo afrontar sus compromisos financieros. La deuda supera los 138 millones de dólares y la firma no cuenta con bienes inmuebles registrados, según la resolución del juzgado civil y comercial número 6.

La decisión del magistrado Fernando Mecoli llega después de que Bioceres SA solicitara su propia quiebra en diciembre, en medio de una fuerte disputa entre dos grupos de accionistas. Uno está liderado por el CEO del holding, Federico Trucco, y el otro por el nuevo accionista mayoritario, Juan Sartori.

Este último impulsó el cambio de dirección y la presentación del concurso, argumentando una mala administración previa. La otra facción rechaza estas acusaciones y sostiene que se trata de una maniobra para que Sartori se quede con el control de la empresa Biox, que cotiza en Wall Street, y otros activos clave del grupo.

¿Qué reveló el informe contable?

El juez analizó un informe contable al 12 de diciembre de 2025, que mostraba un activo de $5.937.992.356 frente a un pasivo de $162.464.172.432, resultando en un patrimonio negativo de $156.526.180.076. Convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio del momento, estas cifras arrojarían un patrimonio negativo aproximado de 110 millones de dólares.

Sin embargo, al momento de la presentación falencial, la empresa actualizó estos números mediante una planilla de cálculo sin respaldo formal, donde el pasivo escalaba a $226.435.759.674, equivalente a unos 158 millones de dólares. “En cualquier caso, el pasivo supera ampliamente el activo”, concluyó Mecoli.

El fin de las negociaciones con los acreedores

Hugo Alejandro Santarelli, el nuevo director de la firma, explicó en la presentación que la “pérdida de control implicó para Bioceres la imposibilidad de obtener financiamiento”. Antes de pedir la quiebra, la empresa mantuvo conversaciones con un comité de acreedores, principalmente financieros, a quienes presentó al menos dos propuestas de pago.

Estas ofertas fueron rechazadas debido a la “falta de garantías robustas”. Sin liquidez, negocios operativos ni activos significativos, la dirección consideró que no tenía otra salida que solicitar la quiebra de la empresa, cuya base operativa se encuentra en el complejo universitario de la zona Sur de Rosario.

El magistrado destacó que “la inminencia de ejecuciones individuales exige la apertura del proceso universal a fin de cristalizar el patrimonio”. La depuración y cuantificación exacta del pasivo quedará ahora sujeta al proceso verificatorio y al control de la sindicatura que se designe.

La resolución judicial marca un punto final a un proceso de deterioro financiero que se desarrolló en medio de una batalla corporativa por el control de uno de los grupos agroindustriales más conocidos de la región.