Quiebra y toma de planta: el dramático final de una fábrica de aires acondicionados que dejó a 140 familias sin trabajo

La empresa Aires del Sur, fabricante de las marcas Electra y Fedders, presentó su quiebra ante la Justicia y despidió a toda su planta. Los 140 trabajadores, que denuncian haber cobrado solo un 25% de su salario, tomaron la fábrica en Río Grande exigiendo respuestas. El cierre se suma a una crisis industrial en Tierra del Fuego, agravada por la apertura de importaciones.

La decisión judicial marca el cierre definitivo de una compañía que fue un jugador relevante en el mercado de climatización. La presentación fue una quiebra directa, formalizando así el fin de sus operaciones.

El impacto es inmediato en la planta de Río Grande, donde los reclamos gremiales se habían intensificado en los últimos días. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exigía definiciones sobre la continuidad y el pago de salarios adeudados de febrero, además de vouchers acordados previamente.

La voz de los trabajadores: “No tenemos ni un kit para armar”

Maximiliano Uriona, delegado gremial, confirmó que la fábrica se encuentra tomada “hasta que la patronal se siente a dar explicaciones”. En declaraciones radiales, el gremialista reveló una situación desesperante.

“La directiva en diciembre fue que limpiáramos la fábrica de productos terminados y hoy no tenemos ni un kit para armar”, afirmó Uriona. Y agregó: “Somos 140 familias que recibimos un 25 por ciento del salario y en algunos casos representa $80 mil pesos”.

Un proveedor que pidió reserva de identidad lanzó una grave acusación contra la anterior conducción. “Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos”, denunció, sugiriendo una posible quiebra intencional y el uso de testaferros.

La versión de la empresa: una estructura “profundamente deteriorada”

La actual conducción, que asegura haber asumido en noviembre de 2025, ofreció una explicación muy diferente ante la Justicia. Sostuvo que encontró “una estructura económica y financiera profundamente deteriorada”.

Según la empresa, el problema se originó en un “modelo de financiamiento comercial deficitario”, agravado desde fines de 2023. El esquema consistía en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior compra de insumos importados.

El directorio argumentó que “el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”. Detallaron que el autofinanciamiento local implicaba tasas del 25% al 30% anual, mientras que los márgenes netos del negocio rondaban apenas entre el 10% y el 15%.

El intento fallido de salvataje con un socio chino

Frente a esta crisis, el directorio impulsó un plan de saneamiento cuyo eje fue buscar un socio internacional. Desde noviembre de 2025 mantuvieron negociaciones con el fabricante chino Chigo Group.

Las alternativas incluían la venta total de la firma o la cesión del 80% o 50% del capital, con una inversión mínima prevista de u$s5 millones. El plan proyectaba reemplazar el autofinanciamiento local por crédito de proveedor a 150 días, condición considerada “indispensable”.

También se contemplaba el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar la planta durante 2026. Sin embargo, el grupo asiático supeditó cualquier definición a una visita futura, una demora que la empresa calificó como “incompatible con la crítica situación financiera actual”.

El rechazo judicial que selló el destino

En paralelo, ADS presentó un “Plan de Continuidad Productiva Controlada”. Proponía utilizar 4.000 kits ya importados, terminarlos en la planta y destinar lo producido al pago de un proveedor (u$s500.000), a salarios adeudados y a un fondo indemnizatorio.

Este esquema requería control judicial, pero el 19 de febrero el juzgado rechazó la autorización solicitada. La empresa sostuvo que hoy “carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos, no posee financiamiento y se encuentra imposibilitada de sostener operativamente la estructura”.

Por ello, puso a disposición sus principales activos: la planta industrial en Tierra del Fuego, valuada por el Banco Nación en más de USD 15 millones, y los 4.000 kits en el Puerto de Buenos Aires, con un valor potencial de USD 2 millones. Según la compañía, esos bienes “superan ampliamente” el pasivo actual, incluidos los créditos laborales.

Otro golpe al régimen de promoción fueguino

Ayres del Sur se suma a una lista negra de empresas radicadas en Tierra del Fuego como Mirgor, Telfu y Nissan, que están en conflicto o cerraron tras la apertura de importaciones anunciada a mediados de 2025. Esto supone un duro golpe al régimen de promoción en la provincia.

La zona está gravemente afectada porque, además de las condiciones climáticas, sin trabajo las familias se ven obligadas a mudarse. El Régimen de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego data de 1972, cuando se sancionó la Ley 19.640.

Están radicadas más de 40 empresas electrónicas, con límites de alcance definidos. Las compañías principales incluyen actores como Newsan, Radio Victoria y Mirgor. Aproximadamente 6.700 a 8.500 puestos de trabajo están vinculados directamente a la industria bajo este régimen especial.

Fracasada la alternativa asociativa y descartada la continuidad productiva, el directorio concluyó que la quiebra constituye “el único curso legalmente responsable” para preservar el valor de los activos y proteger a la masa de acreedores. El caso refleja los desafíos de un escenario industrial marcado por la mayor competencia importada y los altos costos financieros.