Quién es "Ángela" y por qué pedirla en un bar pampeano podría salvarte la noche

Una salida nocturna puede torcerse en segundos: alguien te acosa, te impide irte o te obliga a hacer algo que no querés. En esos momentos, pedir ayuda en voz alta puede ser tan riesgoso como el problema mismo. Con esa escena en la cabeza, el diputado provincial Julián "Pancho" Aguilar (UCR) presentó un proyecto de ley para crear en La Pampa el Protocolo de Prevención y Asistencia "Preguntá por Ángela".

La herramienta apunta a dar protección inmediata a quienes necesiten auxilio en espacios de recreación, eventos sociales y establecimientos de alojamiento. La idea no es nueva: nació en 2016 en el condado inglés de Lincolnshire, dentro de una campaña local contra la violencia y el abuso sexual en el ámbito nocturno. Ya se aplica con el mismo nombre en algunas ciudades de Santa Fe.

El sistema atiende en especial la protección de mujeres, pero está pensado para cualquier persona en situación de riesgo, sin distinción de género, edad ni condición.

Qué significa pedir por "Ángela"

El mecanismo es simple. Quien se sienta amenazado se acerca a un trabajador del lugar y pregunta por "Ángela". Esa frase funciona como una señal de auxilio: el empleado debe entender que le están pidiendo asistencia y activar el procedimiento.

Lo importante es lo que evita: la persona no tiene que contar delante de otros qué le pasa, ni señalar públicamente a quien la incomoda, ni probar que sufrió una agresión.

Tampoco hace falta usar la frase exacta. El protocolo también debe ponerse en marcha si alguien pide protección de otra forma, si un tercero advierte sobre el peligro o si los propios trabajadores detectan una situación preocupante. La meta es que nadie quede desprotegido por no saber cómo pedir auxilio o por estar en circunstancias que se lo impidan.

Cómo debe responder el personal

El primer paso es escuchar a quien pide asistencia, mantener la calma y avisar al responsable capacitado para intervenir. Después se ofrece un espacio seguro, lejos de la persona señalada como presunta agresora, donde pueda quedarse sin quedar expuesta.

En ese momento se consulta qué necesita y si quiere seguir en el lugar o retirarse. Con su consentimiento, se facilita el contacto con alguien de confianza y, cuando corresponde, un medio de transporte para una salida segura.

Si hay lesiones, pérdida de conocimiento, confusión intensa, dificultades para respirar u otros signos de urgencia, se pide atención médica de inmediato. Ante un peligro grave e inminente o una agresión en curso, se avisa a las fuerzas de seguridad.

El proyecto también contempla las sospechas de sumisión química, cuando hay indicios de que una persona pudo haber sido afectada por sustancias que alteran su conciencia o su capacidad de reacción. En todos los casos se debe preservar la intimidad de quien recibe ayuda, evitar interrogatorios innecesarios y respetar su voluntad, salvo las intervenciones que exija la ley o una emergencia.

El personal no tendrá facultades policiales ni podrá investigar por cuenta propia: su rol es proteger, acompañar y facilitar la intervención de los organismos competentes.

Dónde regiría y qué obligaciones suma

La aplicación sería obligatoria en bares, pubs, discotecas, boliches y otros establecimientos de recreación nocturna. También alcanzaría a salones de fiestas, eventos sociales, festivales, espectáculos públicos, hoteles y alojamientos transitorios.

Los responsables de esos espacios deberán informar al personal sobre el procedimiento, exhibir carteles que expliquen cómo pedir asistencia y tener actualizados los contactos de emergencia.

Uno de los puntos centrales es que el sistema no dependa solo de un cartel. La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, prevista como autoridad de aplicación, deberá ofrecer capacitaciones gratuitas, presenciales o virtuales, para titulares, organizadores y personal de atención al público y seguridad. La formación será obligatoria para quienes deban activar el protocolo.

Multas y un sello para los lugares comprometidos

El proyecto prevé mecanismos de fiscalización y sanciones para los establecimientos que incumplan. Las penalidades van de apercibimientos a multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles, según la gravedad de la falta y el riesgo generado.

Pero la sola ocurrencia de un episodio de violencia no será motivo de sanción si el lugar cumplió correctamente con sus deberes de prevención y asistencia. Además, se propone crear el reconocimiento "Espacio comprometido con tu seguridad – Preguntá por Ángela" para los lugares que acrediten cumplir los requisitos.