Quienes hagan falsas amenazas a escuelas deberán pagar una cifra millonaria: el costo que nadie imaginaba

El gobierno anunció que exigirá un resarcimiento económico a quienes realicen falsas amenazas a establecimientos educativos, tras la proliferación de estos hechos. Cada operativo policial desplegado para atender estos casos tiene un costo estimado de 6 millones de pesos, que ahora buscarán cobrar a los responsables identificados.

En una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al ministro de Educación, José Goity, y representantes de Salud, detallaron las medidas. “Hemos instruido que en casos de personas identificadas, ya se disponga el resarcimiento de los daños”, anunció Cococcioni. El funcionario enfatizó que no se puede permitir que estos costos los paguen los ciudadanos con sus impuestos.

El ministro de Seguridad calculó que un operativo básico para atender falsas amenazas ronda los 6 millones de pesos. Advirtió que estos despliegues policiales sofisticados, que a menudo incluyen sincronización con otras brigadas, dejan vulnerables otras zonas al desviar recursos.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los responsables?

Cococcioni aclaró que, aunque algunos puedan interpretar estas amenazas como humoradas, desde el Estado se las toma con la mayor seriedad. “Acá hay delitos”, afirmó, y alertó que incluso en casos de personas no punibles por la edad, una investigación penal deja huellas que pueden impedir obtener un certificado de buena conducta en el futuro.

“Lo que se plantea como una broma o un chiste, algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta”, explicó. El ministro observó que muchas veces el arrepentimiento llega después de que las personas son aprehendidas y sus casas allanadas, destacando la importancia de una actitud reflexiva para evitar estos episodios.

Por su parte, Goity informó que se enviaron notificaciones a las escuelas con pautas para abordar el tema y se avanzó en un programa de educación digital. Reconoció la imposibilidad de anticiparse completamente a retos virales peligrosos, pero aseguró que “la escuela sigue siendo el mejor lugar donde pueden estar los chicos”.

¿Cómo responden Educación y Salud Mental?

Goity reflexionó sobre la dinámica de los retos virales e hizo un fuerte llamado a las familias para acompañar a los adolescentes. Destacó la necesidad de regular el uso de redes sociales y enfatizó que estas amenazas, como las que circulan en TikTok, no son una broma, sino un delito tipificado en el Código Penal de la Nación.

“Esto es una responsabilidad colectiva”, remarcó el ministro de Educación, señalando las consecuencias para los estudiantes y sus familias. En sintonía, la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini, enfatizó la necesidad del control parental y del acompañamiento de adultos responsables.

Como alternativa para fomentar el esparcimiento lejos de las pantallas, Mancini destacó la implementación de juegotecas en toda la provincia. “Creemos que sin los adultos responsables, será muy difícil que estos jóvenes no queden en instancias que salen de la línea de lo que uno espera”, concluyó.