Quiere blindar los aportes de Nación: no podrán usarse para pagar sueldos
Los fondos que Nación gira fuera de la coparticipación podrían quedar atados a obras, emergencias o deuda. El proyecto de Lechman busca algo que la ley nacional hoy no prohíbe: que ese dinero termine pagando sueldos.
El legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto para que los fondos extraordinarios que la Provincia recibe de Nación no puedan terminar financiando gastos corrientes. La iniciativa pone el foco en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en cualquier otra transferencia no automática ajena a la coparticipación federal.
La propuesta establece que ese dinero solo podrá destinarse a obras públicas e infraestructura, programas de inversión productiva, atención de emergencias formalmente declaradas o cancelación y reducción de deuda. En paralelo, prohíbe de manera expresa usarlo para pagar salarios de empleados públicos, jubilaciones, gastos de funcionamiento o transferencias corrientes sin destino específico.
Qué dice la ley nacional y qué busca cambiar el proyecto
Los ATN están previstos en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, que reserva el 1% de la masa coparticipable para ese fondo y fija que debe usarse ante emergencias y desequilibrios financieros de las provincias. Esa norma no impone una prohibición concreta para aplicar esos recursos a salarios o gastos corrientes.
El proyecto de Lechman apunta justamente a cubrir ese espacio: imponer dentro de Tierra del Fuego restricciones adicionales sobre el destino de los fondos una vez recibidos, acotándolos a obras, inversión productiva, emergencias y reducción de deuda.
Cuenta especial y controles
La iniciativa también exige que cada uno de estos fondos se deposite en una cuenta especial, separada de Rentas Generales, para poder seguir el recorrido del dinero desde su ingreso hasta su utilización.
Dentro de los 15 días posteriores a recibir los recursos, el Ejecutivo debería enviar a la Legislatura un plan con el monto recibido, el destino previsto, los plazos y el organismo responsable de ejecutarlo. Además, tendría que publicar información actualizada y presentar informes trimestrales ante la Legislatura, mientras que el Tribunal de Cuentas intervendría en el control de legalidad y de ejecución.
El texto plantea que, si se incumple la norma, el acto administrativo que destine esos recursos a finalidades prohibidas será considerado nulo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que puedan corresponder.
La excepción que deja abierta
Pese a las restricciones, el proyecto contempla una salida para situaciones excepcionales: la Legislatura podría autorizar un destino diferente mediante una ley especial aprobada por mayoría absoluta y fundada en razones de necesidad pública.
