Presentaron un pedido de nulidad absoluta de la licitación de colectivos y quieren que Marenco explique en el recinto por qué se prorrogó la emergencia. Detrás hay casi cien iniciativas y una denuncia que incomoda: cinco años de deuda condonados a las prestatarias.
La Libertad Avanza metió en el Concejo Deliberante capitalino un paquete de medidas que apunta directo al corazón del sistema de transporte urbano. Su embestida central: declarar la nulidad absoluta de la licitación que adjudicó el servicio en diciembre de 2025 y convocar al secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, a dar explicaciones en el recinto.
Los ediles libertarios sostienen que el proceso nació defectuoso de origen porque se lanzó mientras regía la emergencia del transporte y después se pidió una prórroga retroactiva. Para el bloque, ese combo jurídico no resiste el menor análisis.
"Un acto que nace viciado"
La argumentación la puso sobre la mesa Paredes, la concejala que viene motorizando el tema. Según su lectura, la ley no ofrece atajos: en una situación de emergencia correspondía entregar permisos precarios o temporales hasta tanto se pudiera licitar en condiciones normales. Hacerlo de otro modo, remarcó, deja el acto sin salvación posible.
"Hemos ingresado un pedido de nulidad absoluta respecto de la celebración del proceso licitatorio de diciembre de 2025 porque, desde el ámbito jurídico, es un acto que nace viciado", disparó la edil. Y completó: "Se llamó a licitación estando en instancia de emergencia del transporte y luego se solicitó una prórroga retroactiva. En emergencia correspondía otorgar permisos precarios o temporales hasta licitar en condiciones normales; técnicamente no se puede salvar este acto".
Un paquete de casi cien iniciativas
La ofensiva no se agota en la nulidad. Desde la bancada libertaria contabilizan alrededor de un centenar de presentaciones vinculadas a modernizar y fiscalizar el servicio de colectivos. Más de treinta de ellas consiguieron estado parlamentario en la última sesión ordinaria, lo que convierte al transporte en uno de los ejes más calientes de la agenda deliberativa.
Entre los reclamos que más ruido hacen aparecen tres frentes bien concretos.
Auditoría con lupa propia. Amparados en las facultades que les otorga la Carta Orgánica Municipal, los concejales pidieron armar una comisión investigadora especial. El objetivo: auditar el sistema de punta a punta y poner los informes del Ejecutivo contra la realidad que ven los vecinos en cada barrio.
Candado a los perdones. También ingresaron una ordenanza para prohibir de acá en adelante cualquier condonación de impuestos o cánones a las empresas que prestan el servicio. El cuestionamiento tiene un antecedente concreto: en la última adjudicación se habrían perdonado cinco años de deuda sin que los usuarios perciban mejoras.
Colectivos que ya no dan más. El tercer eje apunta al estado de la flota. Paredes apuntó contra las unidades que cubren corredores como el número 4, operado por la empresa Santa Ana, y advirtió que siguen circulando coches con más de doce años de antigüedad. Para la concejala, la emergencia se convirtió en un "paraguas cómodo" que sirve para justificar la falta de controles.
"Rehén de esta licitación"
El cierre del planteo de la legisladora fue directo contra la conducción del área y contra sus propios pares. Pidió que los concejales acompañen con su voto la interpelación para que Marenco explique, cara a cara en el recinto, cuáles fueron las causales que motivaron la emergencia, qué medidas se tomaron durante ese período y por qué se decidió prorrogar de manera retroactiva.
"El ciudadano de San Salvador de Jujuy está siendo víctima y rehén de esta licitación", sentenció Paredes. La pelota, ahora, queda en manos del Concejo.
