Quieren dar de baja el voto electrónico en Salta: cuánto costaría el reemplazo

Nueve diputados firmaron un proyecto para derogar la Ley 7730 y cambiar el sistema electoral salteño. La cifra que usan como bandera y el número que prometen gastar: la pelea que se viene en la Legislatura.

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Quieren dar de baja el voto electrónico en Salta: cuánto costaría el reemplazo
Quieren dar de baja el voto electrónico en Salta: cuánto costaría el reemplazo

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de Salta busca poner fin a la Boleta Única Electrónica (BUE) y reemplazarla por la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema que debutó a nivel nacional el año pasado. La iniciativa ya tiene estado parlamentario, aunque es probable que no llegue a tratarse en el recinto.

Según el acta de labor parlamentaria, el proyecto no cuenta con dictámenes de comisiones y propone derogar la Ley 7730, que implementó el voto electrónico en la provincia, además de modificar el Código Electoral Provincial.

La firman los diputados Eduardo José Virgili, Andrés Ariel Nicolás Arce, Claudio José Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids Cornejo, Fernanda Carmen Emilia Domínguez, Alejandro Jesús Esper, Franco Agustín Lastra y Sergio Mauricio López.

El costo, el argumento central

El gasto del sistema actual es uno de los ejes que el bloque quiere instalar en la discusión. Las elecciones provinciales de mayo de 2025 demandaron $5.500 millones por un contrato adjudicado a Magic Software Argentina (MSA). Ese servicio incluyó terminales de votación, software, boletas con chip, soporte técnico y escrutinio provisorio.

Frente a esa cifra, el proyecto menciona una estimación de $1.200 millones para utilizar boletas de papel con un padrón de 1.116.735 electores.

En los fundamentos, los diputados libertarios sostienen que el papel sería "mucho más económico", ágil y transparente. También cuestionan al sistema electrónico por posibles fallas en la selección y la impresión del voto, y por el riesgo de manipulación.

Se trata de argumentos del bloque impulsor, que deberán ser discutidos durante el tratamiento legislativo.

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