La iniciativa busca que los planes de pago de luz, gas y agua no incluyan costos financieros desmedidos y que las empresas informen todo antes de firmar. ¿Qué cambiaría para los usuarios?
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca poner límites concretos a los planes de pago de servicios básicos. La iniciativa, de los legisladores Leandro García, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Alejandra Mas, del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, apunta a que las cuotas no se conviertan en una trampa financiera para los usuarios.
La propuesta modifica la Ley N° 5860, que suspendió los cortes de suministro y obliga a las empresas a ofrecer planes de pago a usuarios en situación de vulnerabilidad. El texto fija un tope al costo financiero de esos acuerdos para gas natural, energía eléctrica y agua, y lo ata a la inflación proyectada.
El problema que buscan corregir
Según los autores, la legislación actual “no establece un límite específico al costo financiero de esos planes”. Esa ausencia, advierten, puede transformar una herramienta de protección en un mecanismo de “endeudamiento creciente”.
Por eso, el proyecto dispone que los planes no puedan incluir intereses, cargos, gastos administrativos ni comisiones que superen la variación interanual proyectada del IPC para el período del plan. Además, la cuota mensual sigue limitada al 20% de la factura de mayor costo del usuario.
Deudas prescriptas y derechos del usuario
Uno de los puntos centrales es que solicitar el beneficio no implique reconocer deudas ya prescriptas. La propuesta sustituye el artículo 7° de la ley, que según los fundamentos actuales equivale a admitir la deuda al pedir el plan. Los legisladores sostienen que acceder a un beneficio legal no puede convertirse en una “renuncia involuntaria a los derechos del usuario”.
El texto también excluye las obligaciones prescriptas de los planes y de las condiciones para mantener o recuperar el suministro.
Más información y sanciones más duras
Antes de aceptar un plan, las empresas deberán informar el monto total, la cantidad y el importe de las cuotas, la tasa de interés, el costo financiero total y el monto final a abonar. Si no brindan esa información, no podrán aplicar cargos no informados.
El régimen de sanciones también se amplía. Se mantiene la multa conminatoria de $50.000 diarios para quienes nieguen el beneficio, pero se suman apercibimiento, multas, nulidad de cargos, publicación de la sanción y devolución de lo cobrado indebidamente con un recargo del 50%. En caso de reincidencia, las multas pueden duplicarse.
Los planes ya otorgados seguirán vigentes, pero sin nuevos costos por encima de los límites, y las empresas deberán adecuar el saldo de oficio. Los autores pidieron el acompañamiento de todos los bloques, con el argumento de que “los servicios básicos deben estar garantizados para todos los rionegrinos”.