Quieren ponerle un límite al río San Juan: la franja que nadie podrá ocupar con casas
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Quieren ponerle un límite al río San Juan: la franja que nadie podrá ocupar con casas

Dos proyectos en Diputados buscan declarar Reserva de Uso Múltiple un tramo clave del río y fijar por ley hasta dónde puede avanzar la propiedad privada. La franja que quedaría blindada y el detalle que ya generó conflictos judiciales.

La Cámara de Diputados de San Juan tiene en comisiones dos proyectos de ley que apuntan a ordenar de una vez el cauce del Río San Juan, una iniciativa de la diputada provincial del Bloque Justicialista Cristina López. La idea central: fijar por ley qué se puede hacer y qué no a lo largo del río, desde el Dique Ignacio de la Roza hasta Caucete.

Para la legisladora, la regulación es impostergable. "Ordenar todo lo que hace al río" es el objetivo que planteó al fundamentar la propuesta, pensada para compatibilizar las actividades económicas con el cuidado del ambiente.

Una reserva con usos definidos

El primero de los textos propone declarar Reserva de Uso Múltiple, amparada en la Ley Provincial N° 606-L, a un tramo extenso del río: desde el Dique Ignacio de la Roza hasta el Puente de Albardón, siguiendo hasta el Puente de Alto de Sierra y de allí hasta el Puente de Caucete.

La norma busca poner a trabajar en conjunto a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Departamento de Hidráulica, Geodesia y Catastro, Planeamiento Urbano, el Ministerio de Minería y los municipios de Albardón, Chimbas, San Martín, Rivadavia, Santa Lucía, 9 de Julio y Caucete.

López explicó que la idea es definir a lo largo del cauce "los núcleos de usos múltiples, que pueden ser de producción, pueden ser turísticos", siempre pensando en una infraestructura que resista una creciente sin poner en riesgo a la gente y que además permita aprovechar paisajísticamente toda la ribera.

Ripio sí, pero con reglas

Según la diputada, la zona necesita una intervención ambiental urgente por la degradación que genera la extracción descontrolada de materiales pétreos. "No renegamos de la extracción de ripio, de la ripiera, pero sí que lo hagan en determinados lugares", aclaró.

El riesgo estructural también está sobre la mesa. López advirtió que "están pasando las máquinas un poco y nivelando a la altura del puente de Albardón, pero había unos socavones tremendos que eso corre peligro si viniese mucho hasta el mismo puente".

El proyecto contempla un Plan de Manejo con zonificaciones definidas y protección para la recarga del acuífero subterráneo del Valle de Tulum frente a los vuelcos de contaminantes.

La deuda pendiente: la Línea de Ribera

El segundo proyecto se complementa con el primero y aborda un vacío legal histórico en la provincia: la definición formal de la Línea de Ribera y sus zonas conexas. Hasta ahora, San Juan solo contaba con pautas administrativas fijadas por resoluciones del Departamento de Hidráulica.

Esa ausencia de una ley de fondo, sostiene la legisladora, derivó en conflictos dominiales, ocupaciones irregulares de terrenos fiscales de dominio público y hasta demandas de particulares contra el Estado por expropiaciones sobre franjas que en realidad eran del río.

"En el otro contempla la línea de ribera del río, porque ya hay fincas que han avanzado sobre el río, y es un detrimento para el propietario, si viene una creciente, pero para el Estado también, porque es dominio público", fundamentó López.

Y fue tajante sobre la prevención de riesgos: "Algo muy importante es que esa zonificación de los núcleos múltiples no va a permitir que haya asentamientos ni se hagan viviendas a la orilla del río".

Cómo se traza el límite

El texto establece que la frontera entre lo público y lo privado se fijará según el promedio de las máximas crecidas ordinarias registradas durante más de cien años, lo que en el Río San Juan equivale a un caudal medio de 1.050 metros cúbicos por segundo.

La iniciativa se apoya en el "Estudio Ambiental y propuesta metodológica para la determinación de la Línea de Ribera en un sector del Río San Juan", realizado entre 2006 y 2008 en el Instituto Geofísico Sismológico Volponi de la Universidad Nacional de San Juan bajo la dirección de la geóloga Stella Villagra, además de investigaciones del especialista Jorge Diego Maurín.

Como medida cautelar, el proyecto dispone congelar todas las acciones posesorias en trámite hasta que se concrete la demarcación cartográfica final, con un plazo de hasta diez años para completar los trabajos en todo el territorio provincial.

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