La cuenta parecía cerrar: con los ingresos de una familia alcanzaba para la canasta básica. Hasta que apareció el gasto que nadie estaba mirando y el Estado terminó debiendo poner la diferencia.
Un proyecto de ley que busca crear el Programa Rionegrino de Protección del Salario Familiar ya está sobre la mesa de la Legislatura. Lo presentaron los legisladores del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro con una misión concreta: amortiguar el peso de las tarifas de electricidad, gas y agua sobre los ingresos de las familias de la provincia.
La iniciativa lleva las firmas de Leandro García, Daniel Belloso, Alejandra Mas y Luis Ivancich. La idea central es que el Estado provincial otorgue una ayuda económica mensual a los hogares afectados por los aumentos, de modo que sus ingresos disponibles no queden por debajo de la canasta básica total.
El número que ordena todo
El programa tomaría como referencia un gasto mensual de 400.000 pesos en servicios públicos por hogar. Ese monto se descontaría de los ingresos netos familiares para calcular cuánto le falta a cada casa para cubrir sus necesidades básicas.
Con ese criterio, la asistencia llegaría a todos los hogares rionegrinos que cumplan con los requisitos económicos, sin importar si sus integrantes son trabajadores estatales, empleados privados, jubilados, autónomos o estén en otra situación laboral.
Los autores explican el mecanismo con un ejemplo: si una familia percibe 1.800.000 pesos al mes y necesita 1.600.000 para cubrir su canasta básica, al restarle los 400.000 de referencia le quedarían disponibles 1.400.000. En ese caso, el Estado debería girarle una prestación mensual de 200.000 pesos para que llegue al valor de la canasta.
El monto variará según la situación económica de cada hogar y la propuesta no fija topes máximos: algunas familias podrían recibir sumas superiores a los 400.000 pesos si la diferencia entre sus ingresos y la canasta así lo determina.
De dónde saldría la plata
El financiamiento provendría de las rentas generales de libre disponibilidad del Tesoro provincial, incluidos recursos de la recaudación tributaria rionegrina y fondos no afectados de la coparticipación federal. La norma obligaría al Poder Ejecutivo a incorporar las partidas necesarias en el presupuesto y a hacer las adecuaciones que correspondan.
Además, el costo de referencia de 400.000 pesos se actualizaría cada tres meses según la evolución del Índice de Precios al Consumidor de la región Patagonia que publica el INDEC. Para medir la canasta básica de cada familia se usarían las mediciones mensuales del organismo para el Gran Buenos Aires, ajustadas según la composición del hogar.
El contexto que empuja la propuesta
El proyecto aparece en medio del debate por el tope de los descuentos a los salarios que impuso el Gobierno provincial, en un escenario de fuerte endeudamiento familiar. La mayoría de los gremios rechazó esa herramienta de la administración de Alberto Weretilneck porque, según plantearon, «no alcanza» para resolver el problema de fondo: los sueldos bajos.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que el incremento de las tarifas está deteriorando la capacidad económica de las familias y las obliga a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de servicios esenciales.
García ya había adelantado el contenido del proyecto en la última sesión de la Legislatura y allí dejó su posición sin vueltas: «Milei y Weretilneck nos quieren vender que Río Negro va camino a ser Dubai, pero los rionegrinos no llegan al día 20», disparó.
