Quieren que el Estado vuelva a meterse en la exportación de granos: el plan que se discute en La Pampa

La recuperación del control estatal sobre el comercio exterior de granos fue el eje de una charla-debate que se realizó el viernes en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, organizada por el Encuentro Patriótico de La Pampa. La propuesta fue presentada por Miguel Bayón y Mario Dahul, integrantes de la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto Quequén-Necochea.

En diálogo con Radio Noticias, Bayón explicó que el planteo parte de una premisa: que el Estado vuelva a participar directamente de la comercialización de los granos y aproveche la infraestructura portuaria que ya existe. “En el caso del tema de la exportación de granos, hemos perdido la renta que significa comercializar nuestros productos, que son de nuestro suelo”, sostuvo.

Qué propone la iniciativa

La propuesta busca que la Provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene bajo su órbita los puertos, constituya una Sociedad del Estado que pueda operar una terminal de Puerto Quequén y participar de la exportación. Según la Asamblea, de esa manera el Estado podría intervenir en la formación de precios, controlar las operaciones y recuperar parte de la renta generada por el comercio exterior.

El planteo recupera como antecedente el funcionamiento de la Junta Nacional de Granos y, particularmente, del IAPI durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Bayón explicó que aquel esquema permitía al Estado comprar la producción, almacenarla en instalaciones propias y luego comercializarla en los mercados externos. Según su interpretación, esa renta permitió entonces acumular divisas que fueron destinadas al desarrollo industrial.

También destacó otro mecanismo: el precio sostén, mediante el cual el Estado podía garantizar un determinado ingreso al productor frente a campañas afectadas por sequías, inundaciones u otros problemas productivos. “El Estado compraba todos los granos producidos y los vendía. Entonces, con eso obtenía una formidable renta”, afirmó.

El fin de las concesiones

Para Bayón, el punto de partida para implementar actualmente una propuesta de estas características está en las concesiones de las terminales portuarias. Según explicó, durante la década de 1990 se produjo la disolución de la Junta Nacional de Granos y la transferencia de distintas instalaciones al sector privado.

La Asamblea sostiene que, una vez vencidas esas concesiones, el Estado debería recuperar la gestión de las instalaciones y utilizarlas para desarrollar una empresa pública de comercialización. “Al vencer las concesiones es como si se terminara un contrato de alquiler. El Estado decide, bueno, no lo renuevo y ahora la actividad es ser socio”, planteó Bayón.

En esa estrategia, el dirigente consideró que no sería necesario construir una nueva infraestructura portuaria, sino utilizar las terminales existentes. “No tiene nada que invertir, porque ya las instalaciones existen”, afirmó.

Retenciones y precio sostén

La propuesta también apunta a modificar el actual sistema de retenciones. Bayón sostuvo que, bajo un esquema de intervención directa del Estado en la comercialización, las retenciones dejarían de tener el papel que cumplen actualmente. Su argumento es que las empresas exportadoras trasladan ese costo hacia atrás de la cadena y termina impactando en el precio que recibe el productor. “El primero y fundamental problema es que, en realidad, las retenciones no las pagan las exportadoras”, afirmó. “Le descuentan del valor del producto el costo de las retenciones. Entonces, ¿quién termina pagando ese costo? Son los productores”.

Respecto de cómo funcionaría un eventual precio sostén para los productores, Bayón planteó que no debería tratarse de un valor uniforme para todo el país, sino establecerse “año a año y zona a zona”, teniendo en cuenta las condiciones de cada campaña. De esa manera, explicó, una región afectada por una sequía o una inundación podría tener un esquema diferente de otra que haya tenido una buena cosecha.

El dirigente también cuestionó el nivel de control estatal sobre las operaciones de exportación. En ese sentido, sostuvo que la concentración de la comercialización en grandes empresas privadas limita la capacidad del Estado para conocer y fiscalizar de manera efectiva cantidades, calidades y valores de las mercaderías que salen del país.

La Asamblea vincula ese planteo con la necesidad de transparentar el comercio exterior y evitar maniobras de subdeclaración de cantidades o precios. La convocatoria difundida para la actividad había señalado justamente como objetivos “transparentar las operaciones, evitar la evasión y la fuga de divisas” y fortalecer la capacidad estatal de orientar los recursos del comercio exterior.

Recuperación y modelo de desarrollo

Para la Asamblea, la recuperación del comercio exterior de granos no constituye solamente una discusión sobre el funcionamiento de los puertos, sino una cuestión vinculada con el modelo de desarrollo económico. Bayón sostuvo que los recursos obtenidos por la comercialización de la producción agropecuaria podrían utilizarse para promover nuevas industrias y generar empleo.

“La exportación de granos representa el 92% del ingreso del dinero”, afirmó, aunque esa cifra fue presentada por el propio dirigente y no fue acompañada en la conversación por una fuente estadística.

El planteo presentado en Santa Rosa propone, en definitiva, volver a colocar al Estado en un lugar central dentro de una actividad que hoy se encuentra mayoritariamente en manos privadas: controlar la infraestructura portuaria, participar de la comercialización, intervenir sobre la formación de precios y recuperar para el sector público parte de la renta generada por las exportaciones.