Quieren que el Gobierno les corte un privilegio fiscal a las empresas británicas

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Guillermo Michel (peronismo entrerriano) busca que la Argentina dé de baja un convenio firmado con el Reino Unido en 1996 que, según el legislador, les otorga beneficios tributarios millonarios a las empresas inglesas que operan en el país. La iniciativa apunta directamente a que el gobierno de Javier Milei impulse la terminación del acuerdo, que le costaría al Estado unos 50 millones de dólares por año.

El Convenio para Evitar la Doble Imposición entre ambos países establece un tope a las retenciones que se aplican sobre las ganancias que las compañías británicas obtienen en la Argentina por dividendos, intereses y regalías. Michel sostiene que ese beneficio se usa de manera unilateral: mientras que más de 500 contribuyentes del Reino Unido aprovecharon esa ventaja en los últimos años, fueron muy pocos los argentinos que accedieron al mismo trato en sentido inverso.

“Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina”, disparó el diputado, que además recordó su paso por la AFIP y la Aduana para darle peso a su reclamo.

Cómo se puede cancelar el acuerdo

El propio convenio contempla el mecanismo para dejarlo sin efecto. Su artículo 31 establece que cualquiera de los dos Estados puede denunciarlo por la vía diplomática, con una comunicación que debe cursarse al menos seis meses antes de que termine el año calendario. Esa denuncia define luego los plazos a partir de los cuales la medida impacta sobre cada tributo.

Para Michel, la decisión de terminar con esos beneficios no es un capricho, sino una herramienta concreta de negociación. “Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”, planteó.

La conexión con Malvinas y los hidrocarburos

El proyecto no nace en el vacío. El legislador entrerriano lo enmarca en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y en la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos que empresas británicas realizan en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.

Michel recordó que la Argentina ya cuenta con leyes que establecen sanciones para las personas físicas y jurídicas que participan de esas actividades ilegítimas, como la Ley 26.659 y su modificatoria, la 26.915. En ese sentido, consideró que el Gobierno debería acompañar el endurecimiento de esas sanciones con una política integral y coherente hacia el Reino Unido, que incluya también los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral.

“No resulta coherente proclamar el endurecimiento de las sanciones frente a quienes participan de la explotación ilegítima de recursos naturales argentinos y, al mismo tiempo, mantener inalterados instrumentos que conceden beneficios tributarios en la relación económica bilateral con el Reino Unido”, remarcó.

Para el diputado, la defensa de la soberanía exige coherencia entre la posición diplomática, la protección de los recursos naturales y los acuerdos comerciales vigentes. Por eso, su iniciativa apunta a que el Poder Ejecutivo avance con la denuncia del convenio y corte de una vez con un régimen que, según su lectura, solo favorece a las empresas británicas.